Dicha enmienda, en la que se ha aceptado una transacción de El PI para la construcción de un aparcamiento de 3.500m2 de superficie, se ha aprobado con los votos a favor de PP, PSIB, Cs y El PI. Por su parte, Podemos y MÉS per Menorca han solicitado voto particular, pero ha sido rechazado.
El diputado de Podemos Aitor Morrás ha defendido que era necesario el voto particular ya que "no deben incorporarse a la ley textos que incluyan techos para pistas de tenis, sino soluciones habitacionales para la gente".
En este sentido, Morrás ha asegurado que el voto particular era el "último intento" para excluir la enmienda de la Ley de Vivienda. "Si el centro necesita modificaciones hay una ley concreta que lo regula, instamos a los grupos parlamentarios a que no desvirtúen esta normativa", ha añadido el diputado, quien ha considerado su admisión como una "falta de respeto a las familias de Baleares".
Desde MÉS per Menorca, la diputada Patrícia Font ha afirmado que la enmienda para ampliar la academia "no tiene cabida" y ha reiterado que "debería retirarse". Igualmente, la diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha indicado que siguen "en contra de la enmienda".
Por contra, la diputada del PP Margaret Mercadal ha apuntado que "les guste o no, la ley no es de un partido político, sino de todos" y ha afirmado que se trata de un centro "casi único en el mundo y que pone el nombre de Manacor en el globo terráqueo".
Por su parte, el diputado del PSIB Damià Borràs se ha mostrado contrario al voto particular y ha defendido que se trata de una enmienda "legítima". Además, ha resaltado que se trata de una disposición final que "no resta legitimidad a una ley, al revés".
Tanto el diputado de El PI Josep Melià como el de Cs Xavier Pericay han criticado a Podemos por pedir el voto particular cuando "ha habido muchos casos con disposiciones adicionales y nunca se ha oído mención alguna de Podemos".
La diputada del PP Margaret Mercadal ha asegurado que la Ley de Vivienda de Baleares, actualmente en tramitación parlamentaria, "dará problemas" y "seguramente no solucionará" el acceso a la vivienda por parte de los residentes.
Durante su intervención en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Mercadal ha afirmado que se trata de una normativa "intervencionista y sectaria", que "se basa en estudios estadísticos antiguos".
Asimismo, la diputada, ha manifestado que la Ley "establece más cargas a los ciudadanos" y ha criticado que se intente "demonizar" a los grandes tenedores de viviendas.
Precisamente, sobre ello, ha sostenido que se trata de un concepto "muy confuso y abierto a múltiples interpretaciones". Igualmente, ha explicado que la normativa tiene "un claro carácter confiscatorio y recaudatorio".
"Se tiene que realizar un diagnóstico real y efectivo de la situación actual de la vivienda. Consideramos que se debe elaborar un plan integral de vivienda", ha añadido durante su intervención.
En respuesta, Borràs ha negado que la normativa sea "confiscatoria" y ha asegurado que se actúa contra el "afán de lucro desmesurado" de los grandes tenedores. "Creo que entró una buena ley y saldrá una mucho mejor", ha apuntado.
