Aun hoy siguen las manifestaciones y concentraciones por toda España en apoyo a la víctima de “La Manada” y contra una sentencia que, me atrevería a decir, la inmensa mayoría de esos manifestantes no ha leído ni siquiera por encima –basta ver algunas de las proclamas recurrentes pidiendo lo que la Ley y la sentencia ya reconocen y protestando cosas que no dicen, todo ello en un totum revolutum en el que se mezclan churras con merinas–. No dejo de preguntarme qué opinará la víctima de todo este incendio mediático en el que se ha utilizado su tragedia personal para que algunos enarbolen banderas por una causa u otra. La última concentración organizada ha venido de mano de los estudiantes que, como no podía ser de otro modo, se suman también al carro de la causa de moda en lo que ya es uno de los juicios paralelos más relevantes de nuestra historia reciente.
Yo no voy a entrar a valorar el fondo de la sentencia. Creo que cualquier cosa que pueda decir ya ha sido expuesta hasta el hartazgo durante estos días por mentes más competentes que la mía. Sin embargo, no podemos olvidar que la mayoría de los ciudadanos no somos más que meros espectadores –mejor o peor cualificados– sin acceso a la multitud de pruebas, declaraciones y actuaciones a las que sí han tenido acceso unos miembros del Tribunal mejor formados e informados. Aun así, estamos hablando de cuestiones técnicas tremendamente complejas y que han puesto a la Audiencia Provincial de Navarra ante un caso realmente difícil de enjuiciar, tanto a efectos probatorios como de calificación jurídica. Tan complejo y difuso es que el humilde abogado que suscribe este artículo ha ido cambiando de parecer varias veces durante estas dos frenéticas semanas tras la lectura de la extensa sentencia. Por otra parte, llama la atención lo rápido que algunos leyeron y analizaron sus más de 370 páginas.
Es excusable que algunos conceptos jurídicos –que no sus acepciones sociales– como “intimidación”, “violencia” o “prevalimiento” resulten ajenos a la sociedad, como también lo es la confusión que impera sobre el concepto de “violación” tanto dentro como fuera del derecho. Ahora bien, no es excusable que el que tiene un cargo público de responsabilidad, no solo no lleve a cabo una labor de serena pedagogía, sino que además desinforme maliciosamente para encender a las masas con fines electoralistas, y es que pocas cosas dan tantos votos como el populismo punitivo. Igualmente inaceptable resulta el uso sesgado y claramente posicionado de la información, en favor del clamor popular, de ciertos medios complacientes con la opinión de las turbas enardecidas, siempre en perjuicio de la verdad material y con un componente ideológico que, en ocasiones, ni siquiera intenta disimularse.
Para acabar, permitidme suscribir las palabras de Francisco Muñoz Conde –prestigioso catedrático de derecho penal y autor de varios manuales de referencia en la materia–, que estos días ha dimitido de su puesto de vocal de la comisión de codificación para la reforma del Código Penal mediante una carta demoledora en la que saca los colores al populismo punitivo imperante y alerta sobre la deriva que está tomando la política criminal. Deriva que al renunciante le recuerda a la figura del “sano sentimiento del pueblo” que contemplaba el Código Penal de la Alemania Nazi.
Francamente, si expulsar a catedráticos de este calibre para poner en su lugar a manifestantes cuyo único talento es el cabreo fácil y reproducir eslóganes es el proyecto para la Justicia del mañana, paren aquí, que yo me bajo.
