Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección del Servicio de Seguridad Alimentaria de la Conselleria de Salud, llevaron a cabo esta operación que se inició después de que la investigación comenzara en enero, al tener conocimiento de las posibles irregularidades laborales que podría estar cometiendo una empresa cárnica con sede en un polígono de Santa Ponça.

Las declaraciones de trabajadores actuales y antiguos de la empresa evidenciaron el abuso laboral a lo que eran sometidos los empleados. Debían realizar jornadas laborales de incluso 84 horas semanales, cobrando cantidades de 1.000-1.200 euros mensuales, sin derecho a pagas extra e, incluso, sin derecho a vacaciones o siendo éstas limitadas.

Además, otras de las irregularidades detectadas fueron los despidos improcedentes por coger bajas laborales por accidentes en la propia empresa o por haberles detectado una enfermedad, u obligar al trabajador a emplear vehículos que no estaban en condiciones de circular para transportar el género.

Las víctimas, llevadas por sus diferentes situaciones económicas y personales y por miedo a perder su única fuente de ingresos, se veían obligadas a aceptar las condiciones laborales impuestas por la empresaria y el encargado.

SERIAS DEFICIENCIAS HIGIÉNICAS

Dentro de los testimonios recogidos de los empleados, se dejaba entrever que existían serias deficiencias higiénicas en la empresa, por lo que se contactó con la Conselleria de Salud, que ya había realizado cinco inspecciones en la empresa desde diciembre de 2017, y se acordó una operación conjunta para esclarecer los hechos.

En las cinco inspecciones realizadas, los inspectores de sanidad detectaron diferentes irregularidades como elaboración y distribución de productos sin autorización como carne despiezada y hamburguesas, gran cantidad de productos caducados y carne fresca y congelada sin ningún tipo de etiqueta y productos con etiquetas de proveedor eliminadas y falsificando una etiqueta propia con fechas y registros falsificados.

Fruto de las inspecciones se establecieron varias medidas cautelares, como la inmovilización de más de 2.000 kilos de género que tenían que destruir, y la intervención de medios como la máquina de vacío y etiquetadora, la prohibición de actividades, y la propuesta de suspensión e inicio de expediente sancionador.

OPERACIÓN PORK

La operación 'Pork' se inició el pasado martes y en ella se localizó nuevamente género caducado en algún caso desde 2016. En la operación también se contó con la colaboración de la Policía Local de Calvià para la inspección de los nueve vehículos que tenía la empresa, resultando que seis de ellos no disponían de la ITV en vigor.

Asimismo, se investiga también si la empresa habría estafado a distintos clientes y empresas de restauración al vender los productos cárnicos de alta calidad cuando en realidad se trataba de productos de calidad inferior.