La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá finalmente este asunto por la tarde en presencia de representantes de AFARAN (Asociación de Farmacéuticos Andaluces), que han impulsado la petición para que la subasta de medicamentos llegara al nivel europeo.
En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, la eurodiputada del PP y Vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, Rosa Estarás, denunció los continuos intentos de los socialistas españoles y europeos por evitar este debate y lamentó que “pretendían que los peticionarios ni siquiera fueran escuchados”.
“Es inaudito que algunos partidos utilicen la Comisión de Peticiones para amordazar y no para escuchar y atender los problemas de los ciudadanos”, dijo Estarás, que añadió que estamos “ante un problema de discriminación a los pacientes, desconocimiento de un ahorro que no ha sido demostrado y desabastecimiento de medicamentos”.
Estarás también explicó que el sistema de subastas afecta a 14 millones de personas, entre andaluces y turistas que visitan la Comunidad andaluza.
Por su parte, Teresa Martín, presidenta de ARAFAN, explicó en la misma rueda de prensa que la primera intención de los farmacéuticos es que el Parlamento Europeo les escuche.
Martín adelantó también que pedirán a la Eurocámara que pida su opinión a las comisiones parlamentarias competentes en los ámbitos de competencia, protección de los consumidores y circulación de mercancías; y también a la Comisión Europea.
Asimismo, pedirán que el Parlamento Europeo pida explicaciones a la Junta de Andalucía por un sistema que consideran discriminatorio para los andaluces respecto al resto de españoles -ya que las subastas solo ofrecen 533 medicamentos en Andalucía frente a los 10.000 disponibles en el resto de España-.
El objetivo último es, explicó Martín, “defender a los pacientes” que se ven afectados por un sistema, el de las subastas, que aun estando en vigor, “es imperfecto y no cumple con las expectativas” de los andaluces.
Martín explicó además que el sistema de subastas no cumple ninguno de los objetivos principales argumentados por la Junta para ponerlo en práctica, entre ellos el ahorro de dinero que puede suponer.
