La orden europea de protección entró en vigor en 2011 y los Estados miembros debían incorporarlo a su legislación.
Uno de los principales retos que plantea la aplicación de este instrumento es el de garantizar que la protección de las víctimas no se vea obstaculizada por la diversidad de las medidas nacionales. En este sentido, la Eurodiputada Rosa Estaràs ha señalado que “la violencia de género es la expresión más radical, vil y miserable de la desigualdad entre hombres y mujeres. Con la OEP se protege a las víctimas frente a actos que pueden poner en peligro su vida, su integridad física o psicológica, su dignidad, su libertad individual o su integridad sexual”.
Estaràs ha señalado en que estas medidas ayudan a la cohesión entre Estados miembros y ha reconocido que “si aspiramos a seguir avanzando en el proceso de integración, resulta fundamental que alentemos este tipo de instrumentos basados en el reconocimiento mutuo, la confianza, y en el respeto al Estado de Derecho de los distintos Estados miembros”.
La Orden Europea de Protección se basa en el principio de reconocimiento mutuo, que significa que las órdenes de protección dictadas en un Estado miembro deben reconocerse y ejecutarse en otro Estado miembro. Aunque las órdenes de protección pueden aplicarse a cualquier persona que necesite protección, en la práctica tales medidas se aplican mayoritariamente a mujeres en casos relacionados con la violencia doméstica o familiar, el acoso, el hostigamiento o la agresión sexual.
