Uno de los temas que más preocupan, como en la mayoría de núcleos turísticos, es la situación de la venta ambulante. Como en el resto de juntas de seguridad, desde Delegación del Gobierno se ha ofrecido toda la colaboración en la lucha contra la venta ilegal, requiriendo a los ayuntamientos la necesidad de contar con ordenanzas municipales para combatirla en la calle. En este sentido, el coronel de la Guardia Civil ha solicitado a la Comunidad Autònoma de les Illes Balears (CAIB) que se implique y colabore en esta lucha porque suyas son las competencias en consumo, sanidad o trabajo.
En este mismo sentido, la delegada del Gobierno ha recordado a la presidenta del Govern, Francina Armengol —que hoy en el Parlament ha acusado a la delegada de "pasividad" ante esta situación—, que en la reunión celebrada el 8 de junio de 2017 en Delegación entre todas las partes afectadas quedó claro que la Ley de Comerç 11/2014, en su capítulo IV, "establece que la inspección y sanción de las infracciones en materia de venta ambulante son competencia de cada ayuntamiento, fija los puntos mínimos que tienen que especificar las ordenanzas municipales y, finalmente, también marca el plazo para que los ayuntamientos regulen o adapten sus ordenanzas de venta ambulante al que la Ley establece".
Dos meses después, el pasado 8 de agosto de 2017, tras reunirse con los representantes de PIMEM y AFEDECO por la misma problemática, la Delegación se comprometió con las patronales a trasladar a cada ayuntamiento a través de las juntas locales de seguridad la necesidad de incidir en las ordenanzas municipales para luchar conjuntamente en reducir este problema. Una promesa que ha ido cumpliendo desde entonces en cada reunión de seguridad celebrada periódicamente en los municipios.
"Cada Administración sabe cuáles son sus competencias y cada uno debe profundizar en las mismas", aseguró el pasado verano Salom, que vuelve a reiterar su total predisposición a colaborar en todo aquello que está al alcance de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Estado, es decir, la lucha contra las mafias que surten de material a los vendedores ambulantes, pero no ante la ocupación de la vía pública por parte de éstos porque depende de la Administración municipal.
Es preciso recordar que los ayuntamientos y entidades locales que no dispongan de ordenanza municipal específica sobre venta ambulante, pueden acogerse a la Legislación estatal que faculta a las diferentes policías locales a actuar de forma general ante situaciones como ésta. Esta Delegación está y estará siempre atenta al cumplimiento de la Ley y a las competencias asignadas a la Administración General del Estado (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Extranjería, Agencia Tributaria, etc), entre las que en ningún caso está la venta ambulante callejera.
