Concretamente, el catedrático de Derecho Constitucional de la UIB, conseller y expresidente del Consell Consultiu, Joan Oliver, ha asegurado que se trata de una situación jurídica "innecesaria y posiblemente inconstitucional".
Durante su exposición, Oliver ha considerado "un desbarate y una aberración jurídica" que actualmente en España haya unas 260.000 personas aforadas, la mayoría de ellas miembros de las Fuerzas de Seguridad. "El privilegio de aforamiento vulnera el principio de igualdad ante la ley, por tanto debería ser suprimido lo antes posible", ha manifestado.
Asimismo, el catedrático se ha mostrado favorable de reformar la Constitución para que únicamente tenga la calidad de aforados el Rey y el presidente del Gobierno, en lugar de abarcar también a ministros, diputados y senadores.
Por su parte, el profesor titular de Derecho Penal de la UIB y presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares, Gabriel Garcías, ha asegurado estar "totalmente en contra" del aforamiento al considerar que "ataca" el principio de igualdad.
"El aforamiento tiene poco sentido y no evita denuncias falsas y no siempre el Tribunal Superior de Justicia tiene una preparación mejor", ha indicado Garcías.
Finalmente, el catedrático de Derecho Procesal de la UIB, Francisco López, ha sostenido a priori el derecho a ser juzgado por un tribunal superior supone un trato "especial, preferente y privilegiado".
Para más información, ver el vídeo adjunto en esta noticia.
