El cambio no ha afectado únicamente a la gestión, ya que también se ha renovado toda la flota de 58 ambulancias (38 de soporte vital básico y 20 de soporte vital avanzado o UVI móviles). Sí se mantendrán los puestos de trabajo de los conductores y técnicos de las empresas que han prestado el servicio de atención urgente, según se ha comprometido el Govern.
Sin embargo, “la nueva situación ha colocado a 266 trabajadores (177 conductores y 83 técnicos en emergencias sanitarias) en situación irregular”, denuncia la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA). “El Servicio de Salud adquirió mediante la modalidad de renting 58 unidades de ambulancias asistenciales, unos vehículos con un peso de más de 3500 kg. Un número importante de conductores y técnicos que actualmente depende del GESAIB carecen del permiso tipo C1 necesario para conducir estos vehículos, siendo conscientes los responsable de esta empresa pública de la necesidad de dicha autorización, no solo para los conductores, sino también para el técnico en funciones de ayudante o camillero, según marca el artículo 4, apartado b y c del RD. 836/2012 de 25 de mayo por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera”, detalla la ANEA.
“Esto implica que los conductores no pueden conducir esos vehículos y la red de urgencias de Baleares está quebrada y se está cometiendo una ilegalidad”, subraya Javier Rodríguez, gerente de ANEA. Para haber evitado esta situación, “el Govern se debería haber asegurado antes de ejecutar el contrato de que todos los conductores y técnicos que han subrogado tuvieran el carné C1, un permiso del que carecen porque “las ambulancias anteriores de las empresas privadas no sobrepasaban los 3.500 kg”, añade.
El representante de ANEA sostiene que las autoridades baleares “son conscientes de la situación irregular puesto que están aconsejando a los trabajadores que obtengan el permiso C1”.
La portavoz del Govern, Pilar Costa, explicó en rueda de prensa a finales del mes de marzo que el Servicio cuenta con un presupuesto de 28,3 millones de euros en dos años, un importe que “se ha incrementado un 50% respecto al coste del servicio externalizado”, concluye Javier Rodríguez.
