Así lo ha indicado este viernes el delegado especial de la Agencia Tributaria en Baleares, Arnau Cañellas, durante una rueda de prensa. A finales de año, los intermediarios -como las plataformas 'online' de alquiler turístico- tendrán que haber proporcionado toda la información correspondiente desde el 1 de enero.
De este modo, la Agencia Tributaria quiere disponer de toda la información necesaria para ejercer el control de los alquileres no declarados y combatir el fraude. Esta información se podrá cruzar con otros datos, como por ejemplo el consumo eléctrico de las viviendas.
La medida fue anunciada en diciembre como parte de las novedades informativas de Hacienda para 2017. La declaración será obligatoria para personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios.
En particular, las personas o entidades constituidas como plataformas colaborativas que intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información.
Aunque los titulares de las plataformas de alquiler vacacional no estén radicados en España, es posible requerir esta información sobre los arrendamientos de viviendas dentro del territorio nacional. Según Cañellas, los servicios jurídicos de la Agencia Tributaria ya han analizado esta circunstancia.
La información a suministrar tendrá que contemplar la identificación del titular de la vivienda, la del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinta del titular de la vivienda) y de las personas o entidades cesionarias.
Asimismo, deberá procederse a la identificación del inmueble con especificación de la referencia catastral, en su caso; del número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos y del importe percibido,.
En la campaña de la Renta de 2015 ya se introdujo una advertencia al contribuyente sobre anuncios de alquiler de inmuebles en diferentes medios publicitarios, incluido Internet, recordando que si se perciben ingresos por este concepto, hay que declararlos.
Arnau confía en que este modelo tenga un efecto indirecto y aumente las declaraciones de estos alquileres. Además, ha recordado que alrededor del 90 por ciento de las denuncias tributarias en la actualidad se centran en los arrendamientos vacacionales.
