En declaraciones a los medios de comunicación en la entrada del poblado, varios vecinos han asegurado que puede existir un interés en el derribo propiciado por la supuesta relación familiar entre un cargo del Govern y el director gerente del centro comercial.
Una de las vecinas, Manuela Cortés, ha explicado que llevan "toda la vida viviendo ahí y que no tienen a donde ir" y que están dispuestos "a pagar un alquiler social". "Tráfico de droga hay en todos lados", ha asegurado para luego añadir: "Por la droga no es, es por lo del centro comercial". "Si tiran el poblado, les queda un parque", ha agregado.
En un sentido similar se ha expresado otra vecina, Manuela Moreno, que ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional al respecto, y ha aseverado que no se va a mover y que si la van a desalojar, la tienen que "matar antes".
En la denuncia, se explica que los desalojos, firmes desde 2011, fueron suspendidos en octubre de 2017 a petición del Ajuntament y, en su relato, explican que existe una coincidencia entre los apellidos del gerente y los de la alto cargo del Govern, que puede haber motivado la reactivación de los desahucios previstos para el 17 y 18 de abril.
Por esto, piden a la Policía Nacional que lleve a cabo la "investigación que correspondiere" ya que también plantean que además de la relación ya mentada pueda haber otra vinculación familiar "ante una curiosa coincidencia de apellidos entre personal implicado en la toma de decisiones (Concejalía de Bienestar Social del Ajuntament)".
Otro vecino, además, ha puesto de manifiesto la dificultad de encontrar un alquiler ya que "cuando dices que eres del realojo de Son Banya, te cuelgan". ¿Qué tengo que hacer? ¿Mentir?", ha planteado.
Cabe recordar que en enero de este año, el conjunto de formaciones políticas representadas en el Pleno del Ajuntament de Palma firmó un acuerdo político "histórico" para llevar a cabo el Programa de desmantelación del poblado de Son Banya, según expresó el alcalde, Antoni Noguera.
Están destinados unos 5,4 millones de euros, distribuidos en siete años, para realojar a las familias vulnerables. Actualmente, habitan en el poblado entre 450 y 600 personas, agrupadas en unas 100 familias.
En cuanto al realojo, tal como quedó establecido entonces, se realizará tanto en viviendas públicas como en el mercado privado. Las familias que de forma inicial hayan accedido a viviendas de alquiler, podrán acceder a las públicas a medida que haya disposición, en función de criterios públicos.
En orden de preferencia, primero serán viviendas cedidas por el Ajuntament, seguidas de las del Ibavi, las que participan en el Programa Palma Habitada, las del mercado normalizado --ofreciendo garantías a los propietarios--, y por último las del mercado de compraventa.
Además, quedarán excluidas de participar en este programa aquellas familias que se establezcan en barrios con un elevado nivel de vulnerabilidad como Son Gotleu, Verge de Lluc, la Soledad o Son Ximelis.
El poblado de Son Banya se creó en 1970 de manera experimental y por primera vez en el Estado español. El motivo principal de su creación fue el de dar una vivienda digna a un centenar de familias gitanas que vivían en chabolas próximas al mar, en el barrio del Molinar. Tras 47 años, el Ajuntament ha constatado que el objetivo planteado no ha dado los resultados esperados.
Así, desde 1995 el Ayuntamiento de Palma ha iniciado diferentes pasos en el desmantelamiento del poblado, buscando diferentes alternativas de alojamiento e inserción social de sus habitantes.
