Los tres detenidos, propietarios y responsables de la empresa, han quedado en libertad tras pasar a disposición judicial, pero se ha decretado el cese de actividad de la compañía. Se les imputan delitos de estafa, falsedad documental, delito contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social.
Los arrestados son hombres de nacionalidad española y edades comprendidas entre los 30 y 40 años.
Así lo han anunciado este miércoles en una rueda de prensa el jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, Rafael Cladera; el inspector jefe del grupo primero de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif), Gonzalo Calleja, y la jefa de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública, Margalida Buades. La operación ha sido un trabajo conjunto entre la Policía y la Conselleria de Salud.
La bautizada como 'Operación Biltong' -un tipo de carne seca- se inició con una denuncia de un trabajador a principios de marzo. Los agentes tuvieron conocimiento de que una empresa cárnica ubicada en Marratxí podía estar incumpliendo la normativa sobre distribución y almacenaje de alimentos además de atentar contra los derechos de los trabajadores.
Los agentes han realizado un mínimo de siete visitas a las instalaciones de la empresa, así como a proveedores y a establecimientos de la misma, y han recabado más de 20 testimonios.
El género que ha sido inmovilizado estaba en una nave en Marratxí y otra alquilada en Palma. La nave propiedad del empresario contenía más de 30 toneladas de carne congelada caducada, modificada, manipulada, sin identificación o sin trazabilidad. Se han precintado los congeladores y se ha suspendido la actividad.
Además, los investigadores corroboraron que la empresa en ocasiones facturaba una cantidad mayor de carne de la entregada -adulterándola con vísceras y sangre de cerdo- cuando sabía que el cliente no controlaba el peso de la compra.
La empresa también manipulaba las fechas de caducidad y de hecho, los investigadores han encontrado una partida de carne que, según la etiqueta original del proveedor, había caducado hacía unos tres años.
Igualmente se hallaron numerosos productos alimentarios como latas en conserva, salmón ahumado, pulpo cocido y otros comestibles cuya fecha de caducidad estaba vencida.
Asimismo, la empresa distribuía alimentos descongelados como frescos, que descongelaba en grandes cubetas de agua caliente antes de servirlos a sus clientes.
Si un cliente devolvía género porque se encontraba en mal estado, la empresa quitaba o limpiaba las partes afectadas del producto, lo volvía a congelar y después se lo suministraba a otro cliente de forma directa o en carne picada.
También contactaron con importante cliente que, al sospechar de la calidad del producto, había realizado un análisis de una partida de carne picada de ternera en el que se confirmó la presencia de 'salmonella'. Se le había añadido sangre y vísceras de cerdo para aumentar su peso.
La carne intervenida queda a la espera de lo que decida la autoridad judicial pero lo más posible es que finalmente se solicite su destrucción.
A raíz de las pesquisas conjuntas entre la Policía y la Conselleria, se descubrió que los trabajadores tenían salarios de entre 600 y 900 euros por jornadas laborales de 60 horas semanales o diez horas diarias -de 6.00 a 16.00 horas con el tiempo justo de descanso para comer-. Además, se les había obligado a firmar nóminas por importes superiores a lo que realmente cobraban.
Igualmente se detectaron irregularidades como ausencia de vacaciones, inexistencia de pagas extra o impago de horas extra.
Según declararon los empleados, el empresario obligaba a los trabajadores a utilizar sus propios coches para el reparto de la carne -a pesar de que no fueran vehículos refrigerados- o incluso les hacía costear la gasolina o las reparaciones de vehículos de la empresa. También llegaron a comprarse sus propios cuchillos y guantes metálicos para cortar la carne, así como ropa para el trabajo en frío.
El comisario Cladera ha explicado que con la inmovilización del género intervenido han evitado que se distribuya a población de riesgo como niños y personas mayores. La empres
a estaba dada de alta en Baleares desde 2011 y se tiene conocimiento de que llevaba al menos un año trabajando de este modo.
Por ello, la Policía no puede garantizar que esta carne no se haya consumido, pero en todo caso no constan intoxicaciones vinculadas a la actividad de esta empresa.
Por su parte, la jefa de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública, Margalida Buades, ha agradecido la labor de la Ucrif y ha recalcado que se han observado "prácticas higiénico-sanitarias deficientes", así como una "ausencia absoluta" del programa de Seguridad Alimentaria.
Por el momento sólo se tiene constancia de distribución en Mallorca. Entre los clientes figuraban restaurantes, hoteles y numerosos centros escolares de la Isla. La procedencia de la carne es española.
