Como resultado de la operación, se ha detenido en Logroño, en Vila-Real (Castellón) y en Palma de Mallorca a sus cinco integrantes, tres mujeres y dos varones, quienes llevaban operando de manera sistemática y habitual desde hacía tres años.
Han sido identificadas 228 víctimas dispersas por toda la geografía española y se han practicado dos registros en domicilios de Logroño, interviniéndose numerosa documentación física y soportes informáticos relacionados directamente con los hechos delictivos.
Las investigaciones se iniciaron a partir de varias denuncias interpuestas durante el último trimestre del pasado año por ciudadanos zaragozanos, quienes referían que varias entidades financieras de crédito que operan por Internet se habían puesto en contacto con ellos para reclamarles el impago de pequeños préstamos, contratados de forma ilegítima meses antes con sus datos personales.
El principal investigado, un varón de 44 años de edad licenciado en Ciencias Económicas y residente en La Rioja aunque con estrechos vínculos familiares en Zaragoza, contaba con varios antecedentes policiales por hechos de idéntica naturaleza.
El ideólogo del grupo preconcibió el plan delincuencial, consistente en la contratación sistemática online de préstamos fraudulentos, de forma continuada y prolongada en el tiempo, a nombre y utilizando los datos personales de terceras personas sin su consentimiento, en una veintena de establecimientos financieros de crédito.
Primeramente analizaba los diferentes requisitos de tipo documental exigidos para la obtención de los préstamos, referidos en los diferentes portales de Internet, siendo imprescindible en todos los casos la documentación personal del solicitante.
Para ello, obtuvo las fotografías del DNI de los perjudicados, ideando un método consistente en organizar entrevistas de trabajo, para un supuesto y nunca efectivo puesto ofertado en Zaragoza, por su empresa.
Es decir, los entrevistados en búsqueda de un empleo entregaban su documentación personal con este fin y posteriormente se tomaban varias fotografías, siendo realmente el motivo de la entrevista la simple obtención de esta documentación.
A continuación, una vez que tenía en su poder estas fotografías, falsificaba diversa documentación adicional (nóminas de la Administración Pública, recibos bancarios, facturas de suministros, etc), con la finalidad de aparentar el mayor grado posible de garantía, en base a las exigencias de las entidades financieras.
Así, solicitaba préstamos al consumo, normalmente de modesta cuantía, a nombre de estas personas, suplantando su identidad, remitiendo la documentación necesaria y simulando ser el legítimo titular de la misma.
Estas solicitudes eras efectuadas a través de Internet, sirviéndose de las facilidades de contratación que este medio y que las propias entidades financieras otorgan, y además utilizaba conexiones informáticas enmascaradas con el fin de no dejar ningún rastro identificativo.
Si bien se trataba en su mayoría de préstamos de modesta cuantía, la gran cantidad de perjudicados (se han contabilizado 228) y de préstamos contratados a nombre de cada uno (normalmente tres o cuatro), hace que el fraude total a la veintena de establecimientos de crédito afectados supere los 200.000 euros, abonándose el importe de los mismos en cuentas bancarias de diversas entidades abiertas ad hoc para esta finalidad.
Estas cuentas figuraban siempre a nombre del principal investigado o a nombre de personas de su entera confianza (las otras cuatro detenidas, entre ellas su esposa).
El dinero obtenido era rápidamente dispuesto, al ser transferido a otras cuentas, reintegrado en efectivo en cajeros automáticos o utilizado para recargas de tarjetas prepago con las que efectuaban compras diversas.
Por lo que respecta a las víctimas, sus nombres eran insertados como deudores en los diferentes ficheros de impagados existentes en España, hecho que les supone enormes dificultades a la hora de acceder a cualquier financiación.
Incluso también eran llevados a juicio por estos supuestos impagos, por los establecimientos financieros de crédito, a la postre perjudicados, con el tiempo, dinero, pérdida de reputación financiera y desgaste mental que esta situación puede conllevar.
Se han practicado dos registros en Logroño, interviniéndose numerosa documentación física y soportes informáticos relacionados directamente con los hechos delictivos. El principal detenido, tras prestar declaración en sede policial, fue puesto a disposición de la autoridad judicial en Zaragoza, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.
