En un comunicado, han denunciado el recorte de dos tercios en la financiación del Servicio Postal Universal en 2017 -"reducido a la irrisoria cantidad de 57 millones de euros"-, el bloqueo "por parte del Gobierno" del Plan Estratégico, "la destrucción de 15.000 puestos de trabajo desde 2008, aproximadamente unos 200 en Baleares", y la implantación de "un modelo de empleo precario".
Ante la falta de respuesta a las demandas y propuestas sindicales tanto del Gobierno, como de SEPI -de quien depende Correos-, ante la previsible pérdida de 30.000 puestos de trabajo en todo el Estado a medio plazo, los cuatro sindicatos han adelantado un calendario de movilizaciones que se "iniciará en mayo y que será gradual y creciente en el tiempo".
De esta manera, han remarcado que no descartan la huelga general si no se da "respuesta a la exigencia de medidas para garantizar la continuidad de la mayor empresa del sector postal público".
Con esto, los sindicatos piden que se desbloqueen los elementos "que mantienen en zona de riesgo la continuidad" del Correo Público: "Que se restituya el recorte de financiación, se apruebe el Plan de Prestación con una dotación suficiente y se dé vía libre a un necesario Plan Estratégico para la diversificación de la actividad".
Además, para que se garantice la plantilla suficiente, con tasas de reposición por encima del 100% que permitan recuperar empleo, piden incrementos salariales por encima del IPC, el poder adquisitivo perdido con incrementos específicos, más allá de los pactados en el ámbito de la Función Pública para Correos y una regulación de las condiciones de trabajo que ponga fin a la creciente precariedad en el modelo de empleo.
