Esta ordenanza, tal y como ha explicado la consellera de Bienestar y Derechos Sociales y presidenta del IMAS, Margalida Puigserver, "nace con el objetivo de unificar criterios a la hora de aplicar la normativa sobre la promoción, venta y consumo de bebidas alcohólicas".
Según ha recalcado, con esta ordenanza se responde "a la necesidad" que han detectado, "tanto en los municipios, como en la sociedad en general, de actuar sobre el consumo abusivo de alcohol, sobre todo en las fiestas populares".
El presidente del Consell, Miquel Ensenyat, ha remarcado que la intención de la institución es "dotar a los ayuntamientos de un instrumento con todas las garantías legales y jurídicas para combatir los efectos negativos del 'botellón'".
Así, la consellera ha recalcado que esta ordenanza "debe convertirse en una herramienta que permita abordar este problema de una manera conjunta, con medidas similares y equivalentes en todos los pueblos".
Puigserver ha puesto de manifiesto que desde el IMAS no han querido hacer "un instrumento represor", sino que han ido "más allá" tratando de "ordenar las condiciones para la venta y consumo de bebidas alcohólicas con la voluntad de prevenir los problemas que se derivan de su abuso".
De este modo, el documento incluye, entre sus propuestas más destacadas, la exigencia de cumplir con una serie de condiciones para quienes quieran optar a poner barras de bar durante las fiestas populares.
Además, la ordenanza recoge medidas preventivas de carácter general, medidas sobre las condiciones y limitaciones de la publicidad y promoción de bebidas alcohólicas, medidas sobre condiciones y limitaciones al suministro, venta y consumo de bebidas, entre otras iniciativas.
En la elaboración de la ordenanza han participado todos los niveles de la administración. Por parte del Consell, han tomado parte el IMAS, el departamento de Desarrollo Local, la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y la sección de Actividades Clasificadas.
Por parte del Govern, han intervenido la Conselleria de Salud (a través del Plan de Adicciones y Dependencias de Baleares) y la dirección general de Interior, además de los ayuntamientos de de la Isla.
Tras las diferentes reuniones mantenidas con los municipios y teniendo en cuenta sus aportaciones, el texto está listo para poder presentarlo a la consideración y aprobación de los respectivos plenos.
En el caso de los municipios que ahora tienen alguna ordenanza sobre estas cuestiones, deberán añadir un artículo que las derogue.
Aparte de la ordenanza, el conseller de Economía y Hacienda del Consell, Cosme Bonet, ha presentado la Oficina de Responsabilidad Social y la Unidad de Estadística a los alcaldes y alcaldesas.
Con esta oficina el Consell quiere aprovechar las políticas de gasto público y el impacto que tienen sobre la comunidad para obtener un retorno social y medioambiental. Por ello, la oficina implantará criterios de responsabilidad social en los contratos que realice el Consell.
Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia y Participación Ciudadana, Jesús Jurado, ha presentado la plataforma Consul, una aplicación informática que permitirá hacer políticas de participación ciudadana en los municipios.
