Así lo ha explicado el secretario general de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Romero, a Europa Press.
La concentración ha partido a las 10.30 horas de la Plaza de Cort y ha discurrido por la calle Conquistador hasta llegar a la Delegación del Gobierno, donde los sindicatos han pedido reunirse con la delegada, Maria Salom. Según han explicado, dado que no tenían cita no han sido recibidos pero la Delegación se ha comprometido a reunirse con ellos próximamente.
En esta línea, Romero ha lamentado que han conocido la opinión de Salom por los medios de comunicación y ha confiado en que la delegada tenga "un hueco en su agenda" pronto.
En dicha reunión el secretario general de la federación quiere recordar a Salom que existe una "habilitación legal" reconocida en un informe del Ministerio de Hacienda, "de su mismo color político". Por ello, no entienden que "habiendo esa habilitación legal mantenga a 2.400 familias sin cobrar el complemento".
Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de COOO, Josep Ginard, ha valorado el "éxito" de la concentración y ha censurado el "gesto" de la Delegación por no recibir esta mañana a los sindicatos.
Igualmente, Ginard ha avanzado que continuarán "acudiendo y reivindicando" lo que les parece "una injusticia".
La concentración ha sido una protesta frente a la suspensión del plus de carrera profesional para los trabajadores públicos a raíz de un recurso presentado por la Delegación de Gobierno contra un acuerdo del Ayuntamiento de Palma.
En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma desestimó el recurso de la Delegación del Gobierno pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha revocado esta decisión.
El acuerdo del Ayuntamiento, de 2016, establecía el abono del concepto de carrera profesional y lo dotaba presupuestariamente con 1,7 millones de euros. Los empleados públicos del consistorio han percibido el complemento a lo largo de 2017, aunque no al cien por cien porque se negoció que la recuperación se hiciera de forma fraccionada.
Según explicó Ginard este lunes, la Delegación del Gobierno pedía medidas cautelares para suspender el pago de este concepto alegando que el daño podría ser "irreparable" para las arcas públicas, un argumento que no comparten los sindicatos.
Además, desde CCOO recordaban que el acuerdo del Ayuntamiento, que afecta a unos 2.500 trabajadores, pasó los controles de intervención del Ayuntamiento de Palma, "que tienen la obligación de velar por los intereses de la administración local".
