En concreto, la Fiscalía acusa al ex comisario, R.E., y a R.P. y A.J., ex miembros de la unidad motorizada de diversos delitos por, presuntamente, "humillar, menospreciar y ridiculizar" a una compañera por ser homosexual durante casi diez años.
En la vista, el fiscal Miguel Ángel Subirán, ha solicitado la inclusión en el juicio de nuevas testificales; en concreto dos psicólogos y un psiquiatra que han hecho el seguimiento del caso, así como un testigo protegido y otros documentos.
Por su parte, las defensas de los acusados han renunciado a distintas pruebas documentales y testificales.
Según el relato del Ministerio Fiscal, los dos miembros de la unidad motorizada, a menudo, jugaban cuando ella estaba presente a 'Piedra, papel o tijeras' y el resultado siempre era "tijeras", lo que daba lugar a que se pusieran a gritar: "Tijeras".
En el escrito, se detallan otras acusaciones, como que contaban chistes de lesbianas, simulando que la víctima era la del chiste.
También se explica que R.P., tras usar la moto de la víctima, le rompió huevos en la misma y le preguntó si le había gustado la tortilla o que le desinflaban o le pinchaban las ruedas de su moto.
Al menos en una ocasión, se detuvieron en un club de alterne de la Platja de Palma, y ahí, de común acuerdo, con camareros y prostitutas, hicieron comentarios obscenos sobre la presencia de una mujer en ese tipo de establecimiento.
Cabe destacar que en 2009, la víctima denunció la situación al ex comisario y este se mofó y le dijo que si no estaba contenta en la unidad que se marchara a otra unidad, a lo que añadió que era "una boyera de mierda" y que era "la causante del problema".
A esto, el ex comisario R.E. no emprendió ninguna investigación y viendo que la cosa empeoraba, y la víctima se cambió de destino a la USOP.
La escalada de hostilidades aumentó cuando la víctima denunció los hechos, sin dar nombres, en una radio local. Esto provocó que R.P. y A.J. intentaran que compañeros suyos declarasen que la habían visto maltratando a un detenido y que se presentase una denuncia falsa por este asunto.
Asimismo, la víctima sufrió diferentes acciones de intimidación y coacción que le provocaron un menoscabo psíquico que precisó de tratamiento psiquiátrico y psicológico prolongado y por lo que estuvo de baja por más de dos meses.
Por esto, les piden un total de 21 años y nueve meses de prisión por delitos contra la integridad moral, omisión del deber, lesiones, acusación y denuncia falsa, falso testimonio, presentación de testigos falsos (tentativa) y un delito contra la administración de justicia. El fiscal, además, considera que concurre la circunstancia de actuar por motivo de discriminación por orientación sexual.
