La Fiscalía pide 14 años de prisión para cada uno de los cinco acusados, socios de la empresa y miembros del Consejo de Administración de la misma.
Los hechos tuvieron lugar entre 2009 y 2013, periodo en el que la sociedad se dedicaba al suministro de agua potable en distintas zonas de Mallorca, entre ellas Alcúdia.
El Ministerio Público acusa a los administradores de la empresa de haber dejado de ingresar, pese a conocer sus obligaciones tributarias, la totalidad de las liquidaciones correspondientes al canon de saneamiento entre 2009 y 2012.
En concreto, la Comunidad Autónoma dejó de ingresar un total de 2,6 millones. Después de la incoación del procedimiento, los acusados abonaron medio millón de euros.
Por estos hechos, los acusados deberán responder por un presunto delito contra la Hacienda Pública, por el que el Ministerio Fiscal solicita multas de 9,8 millones de euros.
La Fiscalía también pide que devuelvan en concepto de responsabilidad civil los 2,6 millones presuntamente defraudados --descontando las cantidades que ya hayan consignado antes del juicio-- y la pérdida de la posibilidad de recibir subvenciones públicas y del derecho de gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 16 años.
