El documento ha contado con el apoyo del 65% de la representación sindical; CCOO, UGT, el Sindicato de enfermería (Satse) y Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE), frente a un 35% que ha votado en contra.
Tras esta votación, ahora el proyecto de decreto será remitido al Consell Consultiu de la CAIB, para su posterior aprobación definitiva en Consell de Govern.
El director general del Ib-Salut, Juli Fuster, se ha mostrado satisfecho porque la mayoría de la Mesa Sectorial ha aprobado el borrador de decreto de capacitación lingüística del personal estatutario y ha remarcado que es un proyecto fruto del "consenso y del diálogo".
Fuster ha explicado que acuerdo permitirá que el Servicio de Salud continué el proceso de oferta pública de ocupación y convocar próximamente los concursos oposición.
En este sentido, el representante de UGT, Miguel Ángel Romero, ha apuntado que, si se cumplen los plazos previstos, y una vez que el Consell Consultiu revise el documento --que podría tardar entre 45 y 60 días-, para antes del verano se podrán convocar oposiciones.
Por otra parte, Romero ha manifestado que el documento aprobado hoy recoge una de las principales "luchas" de UGT, que era la de rebajar el nivel de conocimiento del catalán para los celadores al A2 y que dispongan de dos años para acreditarlo.
Simebal ha sido uno de los dos sindicatos que no han dado su apoyo al futuro decreto. Su representante, Ramón García, ha manifestado que han votado en contra "en coherencia con lo que han pedido desde el principio; que sea un mérito y no un requisito, como pasa en toda España", algo que "es muy importante porque ello permite la libre circulación de los profesionales sanitarios".
"En Baleares hay una gran falta de personal sanitario, y en concreto de facultativos, lo cual repercute en la calidad asistencial", ha aseverado.
También ha mostrado su oposición al decreto, el CSIF, cuyo coordinador en Mallorca, Guillem Vila, ha remarcado que no pueden aceptar que se creen diferencias dentro del propio personal del Ib-Salut en función de las categorías. "Nosotros defendemos que todos los trabajadores de una misma empresa tienen que ser iguales", ha aseverado.
LÍNEAS GENERALES DEL TEXTO
Así, el Servei de Salut ha indicado que las líneas generales del texto "conjugan el derecho de los usuarios a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales con la garantía de una asistencia sanitaria de máxima calidad".
En este sentido, se ha valorado el déficit de profesionales que sufre la sanidad balear y la gran cantidad de personal estatutario temporal que proviene de lugares que no tienen el catalán como lengua oficial. Así todos los profesionales sanitarios podrán participar en la oferta pública de empleo previsto para 2018 y 2019.
Así, el nuevo decreto establece el requisito del nivel B1 de conocimientos de catalán para el personal médico y para el personal de enfermería y del nivel A2 para auxiliares de enfermería y celadores en los procedimientos de selección y provisión.
Se admitirán todas las solicitudes de participación en las ofertas de empleo público y las personas adjudicatarias tendrán un periodo de dos años para acreditar el nivel exigido. Si no se acredita en dicho plazo, no podrán participar en procesos de movilidad ni acceder a la carrera profesional.
Fuster ha recordado que, para facilitar a todos mejorar su capacitación lingüística, el Govern ha adquirido el compromiso de ofrecer cursos y ampliar el número de convocatorias de exámenes para facilitar la adquisición del nivel de catalán.
De este modo, ha añadido que también se establecerán otras medidas que harán posible lograr conocimientos de catalán, como mayores posibilidades de autoaprendizaje, apoyo de lingüistas o facilidad para acceder a los cursos respecto a los horarios.
El objetivo del Govern, ha explicado el director del Ib-Salut, es dotar a la red sanitaria pública de puestos de trabajo estables, ya que actualmente la temporalidad del personal del Servicio de Salud es del 40%, aproximadamente.
De esta política de estabilización del empleo, se logra reducir la precariedad y recupera el derecho laboral recortado a los trabajadores públicos, y además fortalece la red sanitaria pública, a concluido Fuster.
