El primer riesgo es el de provocar una crisis institucional dentro del Estado que se sumará a la existente con las instituciones catalanas. Una consecuencia inevitable al beneficiar la política a corto plazo del Gobierno del PP.
El segundo riesgo, aún mayor, es que se produzca una intervención de las formalmente denominadas fuerzas de seguridad, pero peligrosamente armadas, esta vez contra el Parlament de Catalunya, y que esta vez los daños personales sean irreparables. Confiemos en que los catalanes, grandes a la hora de reírse de sí mismos y de todos los demás según podemos asegurar los que tenemos el privilegio de incluir TV3 en el zapping nuestro de cada día, le sigan dando a la mejor imaginación y enriquezcan con ella sus movilizaciones, que deben seguir siendo tan pacíficas como masivas por mucho que se excedan las fuerzas represivas, denominación más breve y ajustada a los hechos, ordenadas por la organización heredera y “criminal”, sub judice, denominada PP desde sus terminales en el Gobierno. Y avaladas por el PSOE y Ciudadanos desde donde sea que políticamente se encuentren.
Si el T.C. se hubiera limitado a no admitir a trámite la pretensión del Gobierno, un M. Rajoy que ya no puede negociar en Catalunya se hubiera visto obligado, en mi opinión, a ejecutar esa decisión que es privativa de los presidentes: La disolución del Congreso de los Diputados y la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Por mucho que le costara tomarla, todo serían ventajas para él, cuya situación comienza a ser tan desesperada que hablar de la descomposición del PP comienza a ser un clásico en multitud de columnas y tertulias,
1) La primera, la posibilidad de librarse personalmente de ser él quien esté presidiendo el Gobierno con todas sus atribuciones en los peores momentos del conflicto con Catalunya, aún por venir. Aunque le acusaran de cobarde ante Puigdemont, él sabe que gran parte de su electorado comprenderá el quiebro.
2) Además, en cualquier momento futuro M. Rajoy estará en peores condiciones que ahora de cumplir su promesa/amenaza de volver a encabezar la candidatura. Y le ahorrará al PP las tensiones internas inherentes a la búsqueda de un relevo en tiempos muy revueltos, que no calmarán en breve.
3) También será la única manera de parar la sangría de votantes del PP en dirección a Ciudadanos, que las encuestas incrementan cada día.
4) Pero M. Rajoy es realista y, como mal menor, trabaja paralelamente por una mayoría de derechas. Sabe que, también con las encuestas en la mano, es en este momento cuando se producirá una abstención importante entre el electorado de izquierdas que, por una parte, está a la baja en la urna de Podemos y confundida en la de un PSOE que viene de muchos vaivenes y cuyo líder no podrá negar su apoyo al PP en el conflicto que, a la postre, habrá provocado la convocatoria electoral. Seguro que M. Rajoy no ha olvidado que su mayoría absoluta de 2011 se debió más a los millones de votos que perdió el PSOE, y que no fueron a ningún partido, que al poco más de medio millón que ganó el PP.
5) Además, la convocatoria creará un cierto “impasse” en la situación política general, similar al periodo de gobierno en funciones que desde las elecciones del 20D 2015 se prolongó durante un año y cuyas limitaciones se saltó siempre que le convino y sin consecuencias. Ahora nos parece que aquello ocurrió hace mil años.
6) Sí recordamos en cambio que la mayoría republicana derivada de las anteriores elecciones catalanas, las de septiembre de 2015, no consiguió dar ni un paso efectivo hacia su objetivo hasta el 1 de octubre de 2017. Por eso podemos concluir que los periodos de transición a nivel estatal no favorecen precisamente los avances del “procés”. Es lógico. En la coyuntura actual un gobierno solo funcional e irresponsable, tanto en cuanto a las consecuencias jurídicas de sus actos como por la lógica mental que rige en cada uno de sus miembros, significaría una amenaza evidente de intervención violenta del Estado en Catalunya, y con la ventaja de no haber levantado el 155.
7) Por último, esa convocatoria anticipada podría asegurar la victoria en Catalunya del bloque por la permanencia en España, formado por Ciudadanos + PSOE + PP + Podemos, un resultado que es habitual en las elecciones generales en Catalunya, lo que serviría como argumento contra la victoria de JCat + ERC + CUP en las autonómicas del 21D. Además, colocaría a estos mismos partidos ante la tesitura de participar en un proceso electoral evidentemente incómodo para ellos.
A la vista de la incapacidad para pactar una moción de censura que presentan los partidos no implicados en el Gobierno de M. Rajoy, quizás la única bondad de la decisión del T.C. consista en ampliar el plazo para que una oposición que no existe vuelva a nacer, y entre ellos puedan llegar a un acuerdo, aunque solo sea para impedir que las próximas elecciones generales se vuelvan a celebrar bajo el control del Gobierno del PP. Que ya sería bastante para conjurar, o al menos aplazar, los peligros más graves que se ciernen sobre esta debilitada democracia.
