Desde el PP han criticado que la normativa se haya elaborado "sin haberse hecho antes un diagnóstico real y exhaustivo de la situación en la que se pretende dar solución" y han manifestado que "la memoria económica que lo acompaña resulta del todo insuficiente y no tendría que delegar la mayor parte de la cuantificación presupuestaria a reglamentos posteriores".
Asimismo, han expuesto que estos reglamentos "supondrán el desarrollo de un mínimo de 19 nuevas normativas, lo que refleja la inoperancia por si misma de la propia ley, que además en lugar de resultar aclaradora de la normativa en materia de vivienda la hace más confusa".
La diputada del PP Sandra Fernández ha añadido que tiene "un marcado carácter intervencionista, que establece todavía más cargas a los ciudadanos". "Tenemos muy claro que esta ley no se podrá desarrollar ni será efectiva durante esta legislatura", ha añadido.
Asimismo, ha explicado que han presentado 73 enmiendas parciales "para poder llegar al máximo consenso posible", con la elaboración, por ejemplo, de un Plan Integral de Vivienda. "Creemos que la política de vivienda se debe abordar desde un punto de vista totalmente integral".
Por su parte, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha reclamado que haya "continuidad" en las políticas de vivienda mediante un "gran acuerdo político" que permita llegar a "soluciones reales".
"Hemos trabajado muy duro si tenemos en cuenta lo que nos encontramos cuando llegamos. Inexplicablemente con toda la problemática de vivienda Baleares es la única comunidad autónoma que no tiene ley de vivienda. En Baleares necesitamos una ley de vivienda", ha manifestado.
Pons ha reiterado que la ley pretende facilitar el acceso a la vivienda "con una batería completa de acciones" entre las que ha destacado la cesión obligatoria de los 'grandes tenedores' de una vivienda desocupada.
Entre otras medidas, el conseller ha explicado que se creará un nuevo derecho, el de que todo ciudadano que se encuentre en situación de vulnerabilidad pueda acceder a una vivienda, mediante la obligación de las administraciones de poner viviendas en alquiler al alcance de este colectivo o darles una prestación.
Además, Pons ha afirmado que el marco jurídico de la normativa está avalado por el Consell Consultiu. "Hemos presentado un texto valiente que busca soluciones para dar respuesta a la problemática", ha indicado, tras añadir que "se fortalecerá con las enmiendas de los grupos parlamentarios".
El portavoz de Ciudadanos (Cs) Baleares, Xavier Pericay, ha explicado que pese a no haber presentado un enmienda de totalidad han decidido dar apoyo a la del PP al no estar de acuerdo "con la tramitación de una ley que tiene entre sus pilares la obligación de ceder viviendas por parte de los 'grandes tenedores'".
En cambio, el diputado de Podemos Aitor Morrás ha calificado la enmienda de "infame". "Muy a su pesar esta ley será una herramienta legal, novedosa y valiente", ha manifestado.
Además, Morrás ha acusado al Grupo Parlamentario Popular de tener políticas "machadas de sangre" en vivienda al "haberse cobrado vidas por culpa de los desahucios". "Da vergüenza que vengan aquí a intentar tumbar la ley", ha añadido.
Desde MÉS per Mallorca, la diputada Joana Aina Campomar ha asegurado que se está ante "la recta final de una de las leyes más importantes de esta legislatura".
La diputada de MÉS per Menorca Patrícia Font ha lamentado que "el acceso a la vivienda sea en un auténtico drama porque hayan convertido la vivienda en una mercadería con la que especular".
Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Montserrat Seijas ha indicado que respecto a los 'grandes tenedores' se está interviniendo para hacer frente a un problema. "Pensamos que esta ley debería ser más agresiva y buscar más nuestra protección", ha añadido.
Finalmente, el diputado de PSIB Damià Borràs ha explicado que puede entender que la ley no le guste al PP "pero sus argumentos no justifican que no haya ley". "Nos hemos puesto en las manos un muy buen proyecto, avalado por el Consell Consultivo", ha dicho el diputado.
