Según ha explicado la formación en un comunicado este miércoles, el partido ha considerado que "penaliza a las pequeñas economías locales del interior".
El conseller insular de El PI, Antoni Amengual, ha manifestado que la zonificación "va en contra de la desestacionalización del turismo y fija unos criterios contrarios a revitalizar los núcleos de interior".
Asimismo, Amengual ha comentado que "es una nueva falacia de la izquierda decir que las viviendas turísticas dificultan el acceso a la vivienda cuando las viviendas turísticas tan solo representan el 4,4 por ciento del parque total de viviendas de Mallorca".
"El pacto de izquierdas gobierna con los mismos 'tics' que el PP pero se envuelven con la bandera verde del ecologismo para acallar sus conciencias", ha manifestado el conseller insular de El PI.
Desde El PI han recomendado al Govern "que dejan de hacer política de escaparate y empiecen a trabajar por el bien de los mallorquines con políticas que realmente impliquen un cambio de modelo social y económico".
El PI ha avanzado que presentará mociones en los ayuntamientos donde tiene representación para que se puedan ampliar viviendas legales en suelo rústico ubicadas en parcelas inferiores a los 14.000 m2.
Según ha expuesto en un comunicado la formación, de este modo El PI rechaza la modificación realizada, por la recientemente aprobada Ley de urbanismo, a la Ley de suelo rústico del 97, que prohíbe estas ampliaciones.
La moción instará el Govern y al Parlament a impulsar reformas legales para establecer un régimen legal nuevo que permita estas ampliaciones siempre que se respeten todos los parámetros urbanísticos vigentes en el momento de la solicitud y siempre que no supere los 250 m2 o el límite del 50 por ciento de la superficie ya construida.
Desde El PI han considerado que con la Ley de Urbanismo "se ha pasado de un régimen jurídico que permitía hacer ampliaciones de las viviendas legales a suelo rústico a otro régimen que prohíbe cualquier tipo de ampliación a los que se encuentran en parcelas inferiores a 14.000 m2".
Además, han criticado, la prohibición se ha implantado "sin establecer un régimen transitorio específico que evitara que las solicitudes ya presentadas antes de la aprobación, de la Ley de Urbanismo, se vieran afectadas por el cambio legal".
"Esta prohibición no tiene justificación territorial, ni económica, ni social, sino que es una decisión que perjudica muchos pequeños propietarios de una forma injusta y desproporcionada", han dicho.
