Así lo ha informado el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, quien ha aclarado que estos nuevos equipamientos públicos no se podrán realizar en suelo rústico protegido.
El objetivo del Decreto es facilitar y agilizar la reforma o construcción de estos nuevos equipamientos con el fin de disponer de una red dimensionada y de calidad adecuada a las necesidades crecientes de la sociedad de las Islas.
Según el Govern, este decreto ha nacido del trabajo coordinado de distintas consellerias para fijar el camino más ágil para que proyectos de escuelas, centros de salud o residencias para personas mayores, por ejemplo, puedan ser una realidad lo antes posible.
De este modo, la necesidad se ha justificado, por una parte, en la parálisis inversora de los años de crisis económica, que ha impedido la evolución de la red de equipamientos públicos educativos, sanitarios o sociales de manera proporcional al crecimiento demográfico y a las necesidades de la población. Por otra, en la lentitud y las dificultades de los procedimientos administrativos que retrasan la ejecución de proyectos necesarios.
Asimismo, el decreto ha incorporado una tramitación específica y ágil para aquellos proyectos que se consideren prioritarios y respecto de los cuales el Consell de Govern hará, previamente, una declaración de inversión de interés autonómico.
Estas actuaciones permitirán que los municipios dispongan de escuelas, centros de salud o centros de día o residencias que en muchos casos los ayuntamientos llevan años reclamando y son equipamientos cuya titularidad es de la Comunidad Autónoma, pero que, prácticamente en la totalidad de los casos, se llevan a cabo a petición del consistorio donde se ubicarán.
Las normas específicas de tramitación son aplicables exclusivamente a infraestructuras sociales, sanitarias y educativas de carácter público, que prestan servicio a la ciudadanía. El Consell de Govern puede acordar la declaración de un equipamiento público como inversión de interés autonómico.
Así, esta declaración permitirá agilizar todos los procedimientos. De esta manera, la calificación del equipamiento para el uso que se determine será automática y las características y los parámetros urbanísticos del equipamiento serán los que se consideren necesarios para su función, sin depender del marco urbanístico previo (exposición pública de 15 días e informe favorable del ayuntamiento).
Además, no se requerirá la licencia de obras para iniciar y ejecutar estos proyectos y, una vez finalizada la obra, el Ejecutivo balear autorizará la primera ocupación.
Según ha detallado el conseller, estas medidas podrán permitir la puesta en marcha inmediata de proyectos largamente reivindicados, como son los centros de salud de Son Ferriol, Pollença y Nuredduna (Artà). En el ámbito educativo, están las nuevas escuelas públicas de Caimari (Selva) y en Es Mercadal, además del nuevo conservatorio de música en la Sala Augusta (Maó).
En cuando a centros sociales, se aplicará en el nuevo centro terapéutico de menores en Son Llebre (Marratxí) y el nuevo centro asistencial en el edificio del Quarter de Santiago (Maó).
Asimismo, el decreto también permitirá la agilización de una veintena más de proyectos de ámbito educativo, social y sanitario sobre equipamientos ya previstos en el planeamiento urbanístico. Se podrá redactar y aprobar el proyecto de un equipamiento sin que se haya formalizado la cesión del terreno y la conselleria competente podrá proponer el cambio de uso de un equipamiento dentro de los usos educativos, sanitarios y sociales, con la aprobación del Consell de Govern e informe previo del ayuntamiento correspondiente.
Además, para hacer reformas interiores se tendrá que presentar una comunicación al consistorio junto con el proyecto, y a los 15 días se podrán empezar las obras y, para actuaciones que requieran licencia, se tendrá que solicitar al ayuntamiento, y a los 45 días naturales se podrán empezar las obras si no hay respuesta negativa.
Por último, el decreto también contempla la habilitación de la Conselleria de Salud para desarrollar el plan especial de ordenación de Son Espases. Por otra parte, se introducen cambios en la regulación autonómica de los mataderos municipales existentes y en los centros de ámbito higiénico-sanitario, para declararlos como servicio de interés económico general.
