El estudio se ha llevado a cabo teniendo en cuenta como factores el nivel de endeudamiento; los flujos de endeudamiento, asociados a la evolución del saldo presupuestario; la capacidad de repago, que representa la importancia de los ingresos corrientes; el espacio tributario disponible y las condiciones económicas generales, incluyendo la situación del mercado de trabajo.
A nivel nacional, la AIReF pronostica una "disminución gradual" de la ratio de deuda sobre PIB, de forma que se retrasará la consecución del valor de referencia del 60% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas "por lo menos" hasta 2035, condicionada a la corrección del déficit estructural.
Así lo refleja el último Observatorio de deuda de la AIReF, después de que la ratio de deuda sobre el PIB para el conjunto de las administraciones públicas se situase en el 98,7% (1.136.170 millones de euros) al finalizar el tercer trimestre del año, disminuyendo 1,1 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del año, según los datos publicados por el Banco de España y la actualización de los resultados de la Contabilidad Nacional Trimestral por parte del INE.
El organismo presidido por José Luis Escrivá estima que, e el medio plazo, la evolución de la senda de la deuda de las administraciones públicas prevista en el Plan Presupuestario 2018 puede considerarse "probable".
En el escenario neutral de deuda, AIReF proyecta una senda levemente decreciente, donde se retrasaría la consecución del valor de referencia del 60% del PIB para el conjunto de las administraciones hasta 2035.
No obstante, un empeoramiento de las condiciones macro-financieras pueden significar un riesgo para la sostenibilidad de la deuda, aunque el principal factor determinante de la dinámica decreciente en el medio plazo sigue siendo la corrección del déficit estructural y la generación de superávits primarios.
Pese a mostrar un perfil de deuda descendente, el análisis de sostenibilidad refleja el incumplimiento de la Disposición Transitoria primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPySF), que establece un periodo transitorio hasta 2020 para alcanzar el límite de deuda del 60% del PIB exigiendo una reducción de al menos dos puntos porcentuales de la ratio de deuda sobre el PIB, si el crecimiento real de la economía o el empleo crecen por encima del 2%.
Las previsiones oficiales prevén un incumplimiento de estas dos condiciones, así como las proyecciones de la AIReF, que advierte de que los riesgos para la sostenibilidad financiera en el medio plazo para el subsector CCAA son "altos", dado el elevado nivel de partida, cercano al 25% del PIB, que retrasa el cumplimiento del nivel de referencia del 13% del PIB al año 2037 en el escenario neutral.
Sin embargo, señala que a lo largo de 2017 estos riesgos han disminuido ligeramente, por la contribución de tres factores principales: la mejoría del entorno económico, la evolución contenida de los costes de financiación (apoyados en las condiciones favorables de los mecanismos de financiación) y la corrección progresiva prevista del déficit del subsector con un cumplimiento factible del objetivo de estabilidad para 2018.
A nivel individual, las CCAA presentan una imagen dispar, destacando Cataluña, Castilla-La Mancha, la región de Murcia y la Comunidad Valenciana, con un nivel de riesgo para la sostenibilidad muy alto. Dos escalones por debajo se sitúan Extremadura y Andalucía y, en tercer lugar, Aragón y Baleares presentan un nivel medio de riesgo.
Cantabria y Castilla y León se encuentran en el nivel de riesgo ligeramente bajo, al igual que Asturias y Galicia. Por último, Navarra y La Rioja presentan riesgos bajos para la sostenibilidad, junto con Canarias, Madrid y País Vasco.
En cuanto a los días de trabajo por persona necesarios para pagar la deuda regional, se prevé que, en 2017, en promedio, los habitantes de una comunidad autónoma necesitarían destinar 89 días de trabajo para amortizar la totalidad de la deuda.
Las comunidades en donde se necesitan más días para amortizarla son la Comunidad Valenciana (151), Castilla-La Mancha (133) y Cataluña (127), mientras que donde emplean menos jornadas sería en el País Vasco (47), en Madrid (52) y en Canarias (56).
En cuanto al componente común, se observa una caída generalizada en todas las comunidades autónomas. Extremadura (397), Andalucía (366) y Castilla-La Mancha (349) son las comunidades cuyos habitantes tienen que hacer un esfuerzo mayor. Donde menos días de trabajo se dedican a este fin es en la Comunidad de Madrid (197), el País Vasco (203) y Navarra (216).
En el tercer trimestre, la deuda bajo 1,1 puntos porcentuales, hasta el 98,7% del PIB. El conjunto formado por la Administración Central y los Fondos de la Seguridad Social alcanzó una ratio de deuda del 71,3% del PIB (821.200 millones de euros), 0,6 puntos porcentuales por debajo del trimestre anterior.
Para el conjunto de las CCAA la ratio de deuda cayó 0,4 puntos porcentuales, sufriendo así el mayor descenso trimestral registrado en los últimos 20 años, para situarse en el 24,7% del PIB español (284.410 millones de euros), mientras que para el subsector de corporaciones locales disminuyó ligeramente la ratio hasta el 2,7% del PIB (30.560 millones de euros).
La AIReF explica que el peso los mecanismos extraordinarios de financiación a las CCAA ha ido incrementándose tanto en términos absolutos (hasta alcanzar los 159.526 millones en préstamos vivos en el tercer trimestre de 2017) como en términos relativos, ya que representan el 56,1% del total de la deuda del subsector autonómico.
En términos absolutos, el recurso a los mecanismos también ha sido desigual por parte de las distintas CCAA ya que el 70% del total de la deuda del fondo de las CCAA pertenece a tres regiones: Cataluña (33% del total), la Comunidad Valenciana (22%) y Andalucía (15%).
Entre tanto, tras haber disminuido por debajo del 3% del PIB a finales de 2016, la ratio de deuda del subsector de corporaciones locales parece haberse estabilizado. En términos netos, una vez descontados activos financieros líquidos, la deuda se redujo hasta el 0,6% del PIB.
Así, desde finales de 2012 se observa un crecimiento significativo de los depósitos de las corporaciones locales, superando en el tercer trimestre los 23.000 millones de euros y duplicando con ello su peso en el PIB.
