El Ajuntament de Palma ha constituido este miércoles la comisión encargada de coordinar la erradicación definitiva de Son Banya, que está prevista que se realice durante los próximos tres años con los primeros desahucios a partir del 17 de abril de 2018.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la regidora de Bienestar y Derechos Sociales, Mercé Borràs, quien ha asegurado que "en menos de tres años se habrá acabado con el principal punto de droga de Mallorca y eso es para celebrarlo".

En la comisión, presidida por el alcalde de Palma, Antoni Noguera, y que se reunirá una vez al mes, trabajarán 11 áreas del Consistorio palmesano con el fin de trabajar en la erradicación del poblado de forma coordinada.

Concretamente, el área de Derechos Sociales se encargará de la elaboración de un plan social, de la reinserción y de la inclusión social; Infraestructuras será responsable del proyecto de demolición de las viviendas; Seguridad Ciudadana se encargará de la vigilancia para la no ocupación del poblado a lo largo del tiempo; y Trabajo para la inserción sociolaboral.

Asimismo, Modelo de Ciudad tratará de conseguir viviendas para que se puedan ofrecer a las familias desalojadas; el área de Ecología se encargará de la higiene y suministro de agua; Igualdad de la campaña de sensibilización y convivencia en los barrios; Sanidad de realizar un informe de salubridad; Economía para la reglamentación de ayudas; y Movilidad para la modificación de las líneas cuando Son Banya ya no exista.

FAMILIAS SIN RECURSO

De las 45 familias que actualmente tienen una orden de desocupación de sus viviendas en el poblado, el Ayuntamiento de Palma estima que 15 de ellas no tienen recursos y que, por lo tanto, son susceptibles de recibir ayudas por parte de Cort.

Por el momento, de estas 15 familias un total de ocho ya han hecho entrevistas y cumplen con los requisitos necesarios para acceder a dichas subvenciones.

Borràs ha explicado que se está trabajando con las entidades financieras para facilitar la compra a aquellas familias que prefieran esa opción al alquiler.

Dada su situación económica y ante la negativa de los bancos de conceder un crédito hipotecario, el Ayuntamiento está buscando soluciones para que los mil euros mensuales que ofrecerá Cort a las familias puedan formar parte de la garantía de devolución ante el banco.