En esta pieza, la 78, estaban investigados el ex jefe Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, a quien se le ha retirado la acusación, y una arquitecta del consistorio, María Isabel Seguí, que ha admitido haber cometido un delito de falsedad imprudente por el que tendrá que abonar una multa de 20 euros diarios durante seis meses.
Así, se concluye que la arquitecta, que también fue jefa de Urbanismo y Ordenación de Territorio, realizó un documento en el que certificaba que una parcela de la calle Ramat del Port d'Andratx estaba en suelo urbano con el visto bueno del entonces alcalde, Eugenio Hidalgo (PP).
Esto, se dice en el escrito de conformidad, "faltaba claramente a la verdad" y posibilitó una licencia municipal para permitir la construcción de 11 edificios de viviendas y piscinas, que tendrán que ser demolidos porque este terreno, que se certificó como urbano, era rústico.
Además, el terreno tenía la consideración de suelo rústico protegido por la Ley de Espacios Naturales de Baleares y como suelo no urbanizable de especial protección con categoría de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP).
Seguí realizó esta certificación e informó a favor debido a que el anterior titular del área de Urbanismo, Jaume Massot, había certificado "de manera similar e inveraz" unos terrenos de la misma finca.
De esta manera, se determina que Seguí lo hizo "sin tener conocimiento pleno de que faltaba a la verdad" y "sin llevar a cabo ninguna comprobación o diligencia" que le "permitiera salir de dicho error".
Según han explicado desde Fiscalía, entre las 30 condenas, hay por cohecho, falsedad documental, delitos contra el medio ambiente, prevaricación y negociaciones prohibidas.
En concreto, el caso se inició el 27 de noviembre de 2006 con la detención de Hidalgo, quien junto a los otros dos principales investigados, Massot, y el ex celador Jaume Gibert se encuentran en libertad con medidas, después de haber cumplido parte de sus condenas.
