Esta reclamación viene motivada por el aumento del número de abortos en Baleares, dado que, según los datos aportados por el FFB, "dos de cada diez embarazos en las Islas acaban en aborto".
En el articulado remitido a Santiago, figuran principios de protección de la maternidad para que el Ejecutivo autonómico, en el ámbito de sus competencias, promueva la protección de la maternidad bajo "el apoyo y protección a la mujer gestante, mediante la promoción de los derechos y libertades constitucionales y civiles".
El fomento de la maternidad y paternidad responsables, facilitando el ejercicio del derecho de las mujeres a tener los hijos que deseen y la potenciación del carácter transversal de las políticas sociales de protección de la maternidad, son otras de las propuestas de la entidad.
Así, se defiende también el "derecho al embarazo y la maternidad" de modo que "las administraciones públicas desarrollarán en Baleares actuaciones de apoyo a las mujeres gestantes" y el "derecho de una maternidad libremente elegida, para lo cual se les facilitará la información y asistencia necesarias, de carácter médico, económico, psicológico, de integración social o familiar, que puedan precisar como consecuencia del embarazo o la maternidad".
Además, FFB reclama que se garantice el derecho de las mujeres embarazas a recibir "información y asesoramiento sobre todos los servicios a los que pueden acceder para afrontar cualquier necesidad derivada del embarazo o de la maternidad", dando "prioridad de atención a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad".
En este contexto, la entidad se refiere a los datos actualizados del IB-Salut sobre la interrupción voluntaria del embarazo de 2016 y los datos de nacimientos del INE, que constatan que los abortos sobre la totalidad de mujeres embarazadas en Baleares se sitúan en 2 de cada 10 embarazos, un número que "aumenta cada año una décimas hasta llegar dentro de poco a 3 abortos por cada 10 embarazos".
