De esta manera, se considera que dicha ley es anticonstitucional y nula a efectos legales. El TC había suspendido de manera parcial la ley aprobada el 6 de septiembre en el Parlament catalán tan sólo un día después de su oficialización y hoy ha llegado a la resolución definitiva.
La sentencia sostiene que, durante la tramitación, el Parlament incurrió en "muy graves quiebras del procedimiento legislativo", que afectaron "a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes".
La ley del referéndum catalán es, por tanto, "con toda evidencia, inconstitucional" porque es contraria a "principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de Derecho, y la propia supremacía de la Constitución". Es así como la independencia de Catalunya podría decidirse no sólo por los catalanes, sino también por el resto de españoles.
