Círculo Balear lleva denunciando estos hechos hace meses. Desde colgar banderas separatistas estrelladas en las escuelas a organizar actos en horario lectivo u obligar a los alumnos a apoyar el referéndum ilegal catalán.
El govern balear no responde y la consejería de educación permite que, por ejemplo, la asociación radical docente "Assemblea de docents" organice junto al sindicato de estudiantes ultra SEPC actos bajo el lema "Hacemos historia. Somos Països Catalans", en el IES Sineu, IES Josep Maria Llompart de Palma, IES Son Pacs y IES Santa Maria, entre otros. Todos ellos se sumaron a las críticas contra la "represión del Estado español", y la "violación flagrante de lo Derechos Humanos".
El último caso ha sido en el del IES Pau Casesnoves de Inca, denunciado hasta en 10 ocasiones en los últimos 7 años por adoctrinamiento político, en el que la dirección del centro ha obligado a los alumnos a hacer sentadas y pronunciarse a favor del independentismo y en contra de la Policía y Guardia Civil. También prohíbe a los alumnos llevar banderas de España mientras se autorizan banderas separatistas.
La desesperación de las familias que denuncian los hechos no reciben respuesta alguna ni de la Conselleria de Educación, que apoya estos actos ilegales, ni por parte del Ministerio de Educación, que da la callada por respuesta.
Círculo Balear recuerda que estos hechos infringen el Estatuto del Empleado Público que exige a los docentes neutralidad ideológica en el desempeño de sus funciones.
El presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, cree que los partidos políticos, PP y Ciudadanos, deberían utilizar los instrumentos legales que tienen a su alcance para denunciar estos actos ilegales en sede administrativa y judicial y no quedarse, como siempre, en las palabras: "Que pasen de las declaraciones a los hechos e inicien procedimientos judiciales contra esta locura antidemocrática propia de países totalitarios. Ya está bien que tengamos que ser los particulares o entidades privadas los únicos que interpongamos reclamaciones y demandas por estos hechos. El ciudadano no nacionalista en Baleares está abandonado por las instituciones públicas"
