Según el informe de más de 700 páginas entregado por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios de la Policía Nacional al juez del caso, con estas unidades -el SIAP y el DASI de la Policía Local creadas en 2012 y 2013- se obtenía información y se reprimía "a cualquiera que pusiera en duda, cualquier actuación por nimia que fuese", si la "maquinaria criminal consideraba que podía ir contra sus intereses".
Respecto a la SIAP, el informe señala que Rodríguez estaba "de forma indiciaria en lo alto de la cúspide nuevamente" de esta unidad que se encargaba de obtener información comprometida "de todo aquel que pueda poner en peligro" el sistema: jueces, fiscales, políticos, cargos políticos, familiares, empresarios, etcétera.
De esta manera se dice que "resulta extraordinariamente llamativo" y una "evidente consecuencia de la creación del SIAP que, al poco tiempo de crearse dicha unidad de "policía secreta" en la Policía Local, comenzaran "a aparecer noticias referentes a jueces y fiscales, como José Castro y Pedro Horrach, junto a Juan Carrau y Adrián Salazar".
Sobre el DASI, utilizado como aparato de represión, el informe señala que era el "otro brazo necesario" para poder "controlar todo el ayuntamiento, y principalmente la Policía Local ya que, bien gestionada, era un instrumento necesario, útil e imprescindible".
"CONTROL ABSOLUTO"
En relación a esto, se dice que "el éxito pasaba por disponer de un control absoluto, pudiendo apreciarse una perfecta sincronización entre el poder legislativo del que dispone el Parlament, legislando la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales 4/2013 de 17 de julio, que no entró vigente hasta el 20 de agosto, cuando en el Ayuntamiento de Palma ya se pretendían minimizar las causas judiciales de los 'Ángeles del Infierno', 'La patada de los calabozos', entre otras.
Además, se señala que la creación de este departamento "de manera totalmente irregular y con el único propósito de poder investigar" y, de esta forma, controlar a los funcionarios del ayuntamiento de Palma".
"Esto", añade, "unido a su capacidad sancionadora y su potestad para controlar las informaciones en el interior y exterior del Ayuntamiento, conforman un poder cuasi omnímodo bajo la inocente denominación de Área de Turismo y Coordinación".
Así, se asevera que la creación del Departamento de Asuntos Internos de la Policía Local (DASI), "es completamente irregular por el mero hecho de crearse a través de la negociación en un órgano inexistente y por lo tanto sin función alguna, no ya negociadora, sino de ningún tipo".
"MAQUINARIA CRIMINAL"
En general, la Policía considera que Rodríguez, estaba a cargo de una "maquinaria criminal" al "servicio de sus intereses personales" en el Ayuntamiento y que contaba con el personal adecuado "en cada escalón" controlando desde a personal del funcionariado, sindicatos, a altos cargos dentro de Cort y que, además, daba igual si su partido estaba en el poder.
"Da igual quien gobierne, si la administración está controlada, se forma una administración paralela, generando un daño, no por inmaterial menos efectivo, y de contenido demoledor", indica el informe.
Por otro lado, la Policía considera que Rodríguez consideraba al diputado y regidor del PP, Álvaro Gijón, "su fiel adlátere en el Ayuntamiento de Palma, y su subordinado con más proyección de futuro".
CATALINA CIRER
Además, apunta que la ex alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, podría haber cometido delitos de prevaricación y que el actual secretario general de la Delegación del Gobierno en Balears, Evelio Antich, podría haber cometido tráfico de influencias y administración desleal.
Asimismo, en el informe también están mencionados los ex regidores populares Irene Sangil y Guillermo Navarro; así como distintos cargos de la Policía Local, como Joan Feliu y Joan Mut.
