El ex fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, será su abogado defensor.
La Fiscalía reclama para el alemán dos años de prisión, una sanción económica de 10.800 euros y la inhabilitación de cuatro años para desempeñar su trabajo como promotor.
Asimismo, solicita para el responsable de ejecutar las obras, Guido Hecker, otros dos años de cárcel, una multa de 16.200 euros y la inhabilitación durante cinco años para ejercer como constructor. Las presuntas obras irregulares se ejecutaron entre los años 2007 y 2008.
Según Fiscalía, entre otras cosas, se construyó en la parte trasera de la mansión del islote un camino de piedra y cemento de unos 20 metros de largo.
Además, el empresario construyó otro camino empedrado de unos 80 metros para unir la vivienda con el camino del faro y se aumentó la altura de algunas edificaciones.
Entre otras consideraciones, en el escrito de Fiscalía se ha puesto de manifiesto que las obras no podían ser legalizadas según el Plan Territorial de Ibiza y, además, se realizaron "sin ninguna autorización" movimientos de tierra con la consiguiente extracción y retirada de la cubierta vegetal.
También se habría construido de manera ilegal una pasarela de madera para conectar la vivienda con áreas donde nidifican aves.
La acusación pide que las obras sin licencia sean demolidas y se restituya el lugar a su estado original bajo la supervisión de servicios técnicos del Ajuntament de Santa Eulària y de la Conselleria de Medi Ambient.
Por último, el islote de Tagomago es un Área Natural de Especial Interés y está declarado Lugar de Interés Comunitario.
KÜHN SE ACOGE AL DERECHO A NO DECLARAR
El empresario alemán Matthias Kühn, acusado de ejecutar obras ilegales en el islote de Tagomago, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar, en el juicio celebrado este jueves en Ibiza. El responsable de las obras, Guido Hecker, también se ha acogido a este derecho.
La defensa de Kühn ha presentado en el juicio una serie de cuestiones previas, destacando que el empresario presentó al Ajuntament de Santa Eulària un proyecto para legalizar los trabajos en 2008, tras pedir también una licencia de obras. Según el letrado, su cliente nunca tuvo respuesta por parte del Consistorio.
"¿Cómo imputar un delito por infracción del territorio si ni el Ayuntamiento ha determinado la existencia de irregularidades urbanísticas?", se ha preguntado Horrach durante el juicio.
