Desde las patronales se ha felicitado a la Delegación por haber tomado parte del "grave problema" existente, según informan las dos patronales en un comunicado conjunto.
El problema, han recordado, tiene una doble vertiente: por un lado la situación de competencia desleal o de delitos contra la propiedad intelectual o contra la seguridad de los consumidores.
Y en segundo lugar, se han referido a la "problemática social que este tipo de mafias provoca, explotando en condiciones de esclavitud a un colectivo de personas para vender sus productos; unido a la falta de alternativas para ellos".
Es por ello que, según exponen las patronales, la solución al problema "no pasa exclusivamente por las necesarias actuaciones policiales, sino que también es preciso que desde los servicios sociales se ofrezcan salidas y protección al colectivo de vendedores ambulantes".
Como principal conclusión de la reunión, han destacado que desde la Delegación de Gobierno se han comprometido a instar más implicación de los distintos ayuntamientos, circunstancia que plantearán en el orden del día de las próximas juntas locales de seguridad.
Al respecto, han apuntado que dicho punto se debe al "encorsetado sistema de reparto competencial", en el cual es la Policía Local quien tiene las competencias para actuar sobre la venta ambulante ilegal a pie de calle, decomisando el género y la infraestructura necesarias para la venta, tal y como ya se prevé en las distintas ordenanzas municipales.
