La institución se ha referido así a las quejas del PP de Santa Eulària sobre el contencioso administrativo interpuesto por el Consell contra un Decreto de Alcaldía de dicho Consistorio en relación a los gastos de pago de la gestión de los lodos.
Según han recordado, el Decreto se emitió el 5 de diciembre de 2016 y formula un requerimiento de pago al Consell por importe de 176.937,21 euros por los gastos de gestión de los lodos de la depuradora durante 2015 y 2016.
Los servicios jurídicos del Consell han constatado que el Decreto ignora que el titular de la depuradora es Abaqua y que se establece en sus estatutos que le compete la "explotación, conservación, mantenimiento y gestión de las infraestructuras, obras y conducciones".
En cuanto a la obligación del pago de la gestión de residuos, han explicado, la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados estipula que 'los costes relativos a la gestión de los residuos tendrán que correr a cargo del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos'. Así, según el Consell, es a Abaqua a quien el Ayuntamiento debe presentar el requerimiento para que se abone la gestión de los lodos.
"El Consell se ha encontrado en una situación similar al del Ajuntament de Santa Eulària por esa gestión de lodos", ha explicado el conseller insular de Medio Ambiente, Miquel Vericad, quien ha recordado que "hemos tenido que realizar un programa de traslado de lodos de las depuradoras a plantas de tratamiento de la Península, operación que se está realizando con resultados satisfactorios. El coste de la gestión lo abona directamente Abaqua, que es quien genera los lodos. En el caso de Santa Eulària nos encontramos exactamente en la misma situación y es a Abaqua a quien debe dirigirse el Ajuntament".
Vericad ha reiterado que "aunque quisiéramos pagar, competencialmente nos resulta absolutamente imposible asumir este gasto". El Consell ha asegurado no haber tenido otra vía que presentar un recurso ya que, de no hacerlo, asumiría un gasto que no le corresponde, lo que podría suponer malversación de dinero público.
