Según han informado fuentes del Consell a Europa Press, los servicios jurídicos de la institución insular han entregado esta mañana el expediente administrativo y la contestación a la demanda de cautelares de la concesionaria para defender el rescate.
De este modo el Consell defiende que la evaluación económica de los perjuicios que causa el rescate a la concesionaria es de 17,4 millones de euros, frente a la pretensión de la empresa concesionaria, que reclamaba más de 30 millones. La consellera insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, recordaba el viernes, tras recibir el auto judicial, que el Consell se encuentra en disposición de hacer efectivo el pago de 17,4 millones "de manera inmediata".
Además, desde el Consell consideran que retrasar el rescate -originalmente previsto para el 1 de septiembre- perjudicará a la concesión del mantenimiento del túnel de Sóller y el de Sa Mola, incluidos en un mismo lote.
Asimismo, Garrido apuntaba el viernes que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que si los efectos del acto administrativo son evaluables económicamente no se pueden suspender; por ello, Garrido cree que se debe continuar con las previsiones originales del Consell ya que los efectos del rescate "únicamente son evaluables económicamente".
