Según publica Julio Bastida y G. Esteban en Ultima Hora, este letrado considera que el titular del juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, es "parcial" y "vulnera los derechos constitucionales, todo ello además de la falta de respeto al trabajo del letrado que suscribe y al intento legítimo de realizar el mismo desde la buena fe procesal".
Este abogado ha remitido al juzgado un duro escrito de protesta, prosigue UH.
Asimismo, siempre según la noticia firmada por Julio Bastida y G. Esteban, este letrado cuenta con el respaldo de gran parte de los otros abogados implicados en el caso, los cuales ya se han rebelado contra el juez Penalva en varias ocasiones durante el proceso judicial.
El último capítulo de estos desencuentros entre el uez y los abogados tuvo lugar el pasado 21 de julio. Según el escrito del letrado, "se suspendió una declaración propuesta por la defensa debido a que el fiscal quería estar presente en la declaración. No obstante, el mismo día, sobre las 11.30 horas, el ministerio fiscal y el juez (sin secretario judicial y sin grabar la declaración) le tomaron testimonio al testigo 29".
Además, prosigue el escrito, "el día 27 de julio se tomó declaración a los testigos de la defensa sin atender la solicitud de grabación. La misma resultó violenta y en opinión de quien suscribe se faltó al respeto de los declarantes y del letrado de la defensa. En todo momento se dijo, hasta la náusea, que sabían que venían a mentir. Tanto por el juez como por el fiscal (Miguel Ángel Subirán) se hizo la manifestación antes de que pronunciasen una sola palabra".
El abogado que solicita la sustitución del juez Penalva por su parcialidad lamenta en su escrito la forma en la que se notifican las citaciones: "Los testigos de las acusaciones se notifican sin antelación (...). Uno puede pensar que es un fallo si la situación es realmente urgente o se trata de un error eventual (...). Lo inaceptable es cuando la actuación patológica es habitual (en el presente procedimiento siempre). Citándose siempre verbalmente o mediante llamadas telefónicas urgentes (...). Ese trato, aparte de vulnerar los derechos del justiciable, es una total desconsideración hacia el trabajo y dignidad de los letrados de la defensa".
