En concreto, la propuesta del 'comité de sabios' contempla un IVA con dos tramos, uno para las comunidades y otro para el Estado, con la finalidad de que el tramo autonómico pueda ser elevado cuando las regiones necesiten aumentar su recaudación, frente al modelo actual en el que las comunidades cuentan con el 50% de la recaudación del impuesto pero sin capacidad normativa sobre el mismo.
Aunque el mecanismo deberá definirse posteriormente, los expertos proponen que, o bien por unanimidad o por una mayoría cualificada, las comunidades puedan solicitar al Gobierno una subida del tramo autonómico del IVA en el Consejo de Política Fiscal o Financiera (CPFF) o incluso en el Senado, órgano de representación territorial.
Después, el Gobierno deberá aprobar dicho aumento a través de un cambio legislativo, dado que al tratarse de un impuesto armonizado según la normativa comunitaria, debe ser idéntico en todo el conjunto nacional y, por tanto, los cambios los aprobará el Consejo de Ministros aunque posteriormente la recaudación recaiga en las comunidades. De esta forma, los expertos tratan también de que los gobiernos autonómicos sean corresponsables políticamente de las subidas de impuestos.
En este momento, las comunidades autónomas cuentan con la cesión del 50% del IRPF y del IVA y del 58% de los impuestos especiales (alcohol, hidrocarburos y tabaco), pero no tienen capacidad normativa para modificar el IVA o los tributos especiales, no así en el caso del IRPF, cuyos tipos pueden elevar o bajar o introducir nuevas deducciones. De prosperar la medida de la comisión de expertos, también podrían modificar el IVA.
Otra de las propuestas que elevará el 'comité de sabios' es la armonización en toda España del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cedido y gestionado por las comunidades autónomas, y que ha dado lugar a una enorme disparidad de tipos entre comunidades. Según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un soltero de 30 años que herede 800.000 euros (200.000 correspondientes a la vivienda del fallecido) tendría que pagar 164.049 euros en Andalucía, frente a los 134 euros que pagará en Canarias. En la Comunidad de Madrid este heredero abonaría 1.586 euros.
Junto con la comisión de expertos para la financiación autonómica, el Gobierno creó también un 'comité de sabios' para reformar la financiación local, que está concluyendo también sus trabajos. En este caso, los expertos propondrán convertir el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal, en un auténtico tributo sobre plusvalías que grave la ganancia patrimonial cuando realmente se produzca.
El Gobierno está obligado a modificar este tributo local después de que en mayo de este año el Tribunal Constitucional lo declarara inconstitucional y lo anulara parcialmente en las ventas de viviendas con pérdidas, por lo que el propietario que venda su casa por menos dinero de lo que pagó al adquirirlo no tendrá que abonar este tributo.
Hasta ahora, el impuesto se aplica automáticamente en todas las operaciones de compraventa con independencia de que haya existido o no ganancia patrimonial, por lo que en muchos casos, especialmente tras la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, muchos ciudadanos pagaron la plusvalía municipal pese a vender sus inmuebles a pérdidas.
La idea que defiende el comité de expertos es convertir el tributo actual en un impuesto de plusvalías, de tal forma que se grave la plusvalía real, es decir, el valor de venta menos el valor de compra. El impuesto se aplicaría si el valor es mayor y no se pagaría en caso de producirse una minusvalía, y para evitar la doble imposición, la cuota del impuesto sería deducible en los impuestos estatales. Se trata precisamente de una de las propuestas que hizo la FEMP al Ministerio de Hacienda.
Según fuentes conocedoras de estas propuestas, ambos comités de sabios, tanto el de la financiación autonómica como el de la local, tienen intención de entregar al Ministerio de Hacienda sus documentos de propuestas la próxima semana, que no serán vinculantes, ya que la última palabra sobre ambas reformas la tendrá el Gobierno, que pretende aprobarlas con el consenso de comunidades, ayuntamientos y partidos políticos.
