En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha enumerado una serie de cargos que deberán remitir cada semana una información certificando que no han iniciado el pago de partidas orientadas a la celebración del referéndum.
En caso de que no cumplan con la obligación de remitir esa información semanal, el Gobierno pondrá en marcha lo previsto en los acuerdos del FLA, condicionado al cumplimiento de su objetivo de sufragar servicios públicos".
Podría llegar a retirarse el FLA, es una línea destinada al progreso y bienestar de los catalanes", ha reconocido tras recordar que, desde 2012, Cataluña ha recibido 67.000 millones de euros por esa vía y en 2017 tiene previsto un montante de 3.600 millones.
Méndez de Vigo ha apuntado que "sería muy grave" que no se produjera esta comunicación semanal y ni siquiera lo contempla. Pero ha explicado que, si se tuviera que llegar a retirar el pago del FLA, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sería quien tendría que dar explicaciones a los catalanes de por qué se ha llegado a esa situación.
El Ministerio de Hacienda será el encargado de velar por el cumplimiento de esta medida, que empezará a aplicarse con carácter inmediato.
Méndez de Vigo ha recordado que el 5 de julio el Tribunal Constitucional declaró nulas las partidas presupuestarias de la Generalitat que puedan destinarse a financiar esa consulta, y pese a ello, recalcó, desde la Generalitat han reiterado su pretensión de seguir adelante, lo cual comporta un "riesgo para el interés general" e "incertidumbre económica perjudicial" para ciudadanos y empresas.
El portavoz del Gobierno ha reiterado el mensaje de que si los miembros de la Generalitat de Cataluñaa cometen actos "ilegales" dirigidos a la organización de un referéndum de autodeterminación "lo tendrán que pagar ellos" porque "ni un solo euro de los catalanes" estará destinado a "sufragar las veleidades secesionistas de unos pocos".
La noticia llega después de que esta semana el Tribunal de Cuentas haya decidido la designación de un delegado instructor en el procedimiento destinado a resolver si el expresidente de la Generalitat Artur Mas debe pagar con su patrimonio el coste de la consulta del 9N.
