Agentes del Instituto Armado han realizado requerimeintos en el Parlament y siguen en el Palau de la Generalitat, la Consejería de Justicia y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la administración catalana, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso.
El dispositivo está supervisado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Fiscalía Anticorrupción y se enmarca en el procedimiento que abrió esa misma instancia judicial contra Gordó el pasado 1 de junio ante los testimonios y las pruebas que lo implican en el caso del 3% sobre la presunta financiación ilegal de CDC. El exsecretario del Govern (2010-2012) y exconsejero de Justicia de la Generalitat (2012-2016) está imputado por tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. El TSJC ya lo había citado esta semana para tomarle declaración el próximo lunes 24 de julio a las 9.30 horas.
Los investigadores de la Guardia Civil buscan documentación y material informático que les permita reconstruir la presunta actividad oculta de Gordó. Según ha podido saber este diario, en el Parlament se han personado en el Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad de la cámara para clonar la cuenta del correo electrónico oficial del exdirigente del PDeCAT. Ni siquiera han tenido que entrar en su despacho porque los diputados no disponen de ordenadores de escritorio, sino que utilizan portátiles. En el caso del Palau, los agentes han reclamado información sobre el libro de visitas de Gordó así como la lista de trabajadores que tenía a su servicio el investigado durante su etapa como secretario del Govern. El TSJC ya solicitó su agenda oficial a la Generalitat, también de su periodo como consejero de Justicia, pero ésta contestó al requerimiento asegurando que no constaba.
El operativo tiene como punto de partida las cuatro licitaciones en las que Gordó, mano derecha del expresident Artur Mas, supuestamente intervino para lograr que administraciones controladas por CDC amañaran contratos para favorecer a donantes del partido. Hasta ahora, el juzgado de El Vendrell (Tarragona), en el que se investiga desde hace dos años la trama del 3%, había tenido que dejar al margen esas adjudicaciones al estar Gordó aforado. Pero la admisión a trámite de la querella contra él en el TSJC ha reactivado esa línea de investigación.
En concreto, según consta en el auto de imputación, Gordó está acusado de haber intermediado para que Constructora Pirenaica (Copisa) donara en 2012 un total de 100.000 euros a las dos fundaciones que utilizaba CDC para camuflar la entrada de dinero ilegal en sus cuentas: Fórum Barcelona y CatDem. A cambio, el exconsejero de Justicia habría maniobrado para que el Consorcio de Educación de Barcelona concediera a Copisa un contrato de 4.735.862 euros para realizar obras de mantenimiento en diversos edificios escolares públicos situados en los distritos municipales de Horta-Guinardó, Nous Barris, Santa Andreu y Sant Martí.
La segunda adjudicación fraudulenta que se le atribuye a Gordó es la concesión del contrato de obras del refuerzo del manto del dique del Puerto de Barcelona a una UTE de la que formaba parte Copisa junto a las empresas Comsa, Acsa y Benito Arnó. La adjudicación fue publicada en el BOE el 14 de mayo de 2012 y alcanzó un valor de 39.603.138 euros. CDC también registró entradas de dinero en su cuenta por esa adjudicación.
Los investigadores también han recabado pruebas que apuntan a que el exdirigente del PDeCAT logró que otra constructora, Pasquina, realizara donaciones al partido por valor de 147.000 euros entre 2014 y 2015 a través de sociedades vinculadas a esa compañía. Los pagos se habrían producido a cambio de una licitación de la empresa pública Infraestructrues de la Generalitat SA (GISA) para la remodelación de la carretera C-55 por un importe de 2.101.864 euros y de un segundo contrato para la ejecución de obras en diferentes carreteras del entorno de Berga (Barcelona) por un precio de otros 7.260.071 euros.
Finalmente, Gordó habría recibido del empresario Josep Manuel Bassols, directivo de la constructora Oproler, diversos regalos personales por intervenir para que Gisa concediera a esa misma empresa la ejecución de una obras de adecuación en el Instituto Lluís Peguera de Manresa por importe de 2.671.551 euros. En total, se trata de cuatro presuntas intervenciones de Gordó para favorecer a contratistas públicos a cambio de aportaciones al partido y en su propio beneficio. Los requerimientos tienen como objetivo ampliar la documentación sobre esos episodios.
Junto a las pruebas que le implican en esas adjudicaciones, el instructor de la causa de El Vendrell, Josep Bosch, y la Fiscalía Anticorrupción también disponen del testimonio de dos testigos protegidos -propietarios de empresas que han recibido contratos de la administración- que acusan directamente a Gordó de haberles presionado para que realizaran pagos al tesorero de CDC, el también imputado Andreu Viloca, si querían seguir consiguiendo licitaciones en Cataluña.
