De esta manera, durante una sesión extraordinaria, la institución insular se ha pronunciado este martes en contra de proteger el monumento de Sa Feixina y ha aprobado la propuesta de la Comisión de Patrimonio que se fundamenta en los servicios emitidos por el Servicio de Patrimonio Histórico del Consell y en el emitido por el Institut d'Estudis Baleàrics, entidad consultiva reconocida por la Ley de Patrimonio de 1998.
El acuerdo se notificará a los interesados en el expediente de declaración como Bien Catalogado en los próximos días, teniendo en cuenta que el expediente caduca el 21 de julio. Además, se comunicará al Ayuntamiento de Palma y al Govern -para que se dé de baja su inscripción provisional del Catálogo General del Patrimonio Histórico de Baleares-, y se publicará en el BOIB.
La propuesta ha sido defendida este martes por el vicepresidente primero y conseller de Cultura, Patrimonio y Deportes, Francesc Miralles, quien ha remarcado que no existe ningún informe técnico que diga que el monumento reúne los valores singulares que le hagan merecedor de ser un bien catalogado.
Según explicó el pasado viernes el presidente de la Comisión, Francesc Miralles, una vez analizados los informes técnicos, no se pusieron de "manifiesto los valores necesarios para determinar Sa Feixina Bien Catalogado de Baleares".
Asimismo, aseguró que la catalogación o no del monumento "no se hace en función de criterios ideológicos, ni con criterios jurídico-administrativos sino de criterios técnicos, que definan los valores histórico artísticos del monumento".
Por otro lado, cabe recordar que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación por la aprobación del expediente de demolición del monolito de Sa Feixina, a raíz de una denuncia presentada el mes pasado por el presidente de la Fundación Círculo Balear (FNCB), Jorge Campos.
De este modo, está abierta investigación penal para unos hechos que, según la FNCB, pueden constituir delitos de prevaricación y falsedad por vulnerar normas como la Ley del Patrimonio Histórico Español, la de Patrimonio de las Islas Baleares, la Ley de Memoria Histórica, la del Régimen Jurídico de las Administraciones o el Decreto de Alcaldía de 2010, entre otras.
