El viernes pasado 23 de junio, a las 19.30 de la tarde, escasos momentos antes de concluir el plazo de treinta días que tenía el Gobierno para manifestar su conformidad con la Proposición de Ley, el Gobierno central envió a la Mesa del Congreso un escrito oponiéndose a la tramitación de esta Proposición de Ley, al argumentar que su aprobación supondría un aumento de los créditos presupuestarios y una disminución de los ingresos presupuestarios.
Mar Blava considera que esa lamentable decisión del Gobierno Rajoy demuestra su nulo interés por la protección medioambiental del Mediterráneo, su falta de apoyo al turismo, la hipocresía de su supuesto compromiso con la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático, así como el enorme desprecio que ese veto supone hacia toda la sociedad balear y a todos sus representantes políticos, pues esta Proposición de Ley fue impulsada por la Alianza Mar Blava y entregada al Parlament balear, donde obtuvo un respaldo unánime.
Curiosamente, mientras el Gobierno Rajoy se oponía a proteger las aguas españolas del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, el Gobierno francés anunciaba para este próximo otoño la aprobación de una Ley para prohibir en toda Francia y en sus territorios de ultramar la exploración de hidrocarburos. Toda una demostración de voluntad política por parte del Ejecutivo galo, voluntad de la que carece el Gobierno Rajoy.
La Alianza Mar Blava insiste en la validez legal de esta Proposición de Ley: “Es perfectamente legal que cualquier Estado declare la no explotación de un determinado recurso en todo o en parte de su zona económica exclusiva o de su plataforma continental. La explotación de los recursos naturales se concibe siempre como una facultad y no como una obligación”.
No obstante, este veto del Gobierno puede ser levantado por la Mesa del Congreso. La Mesa, conforme a su función de calificar los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos (artículo 31.1 del Reglamento del Congreso de Diputados) tiene ahora la decisión de admitir la proposición de ley de protección del Mediterráneo, a pesar de la disconformidad planteada por el Gobierno. La Mesa tiene la facultad de admitir la referida proposición de ley, aun existiendo disconformidad del Gobierno, como ha puesto de manifiesto el informe de los servicios jurídicos de la Cámara en marzo de 2017.
Dado que hay razones de peso para ello, Alianza Mar Blava pide a Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos que sumen sus votos en la Mesa del Congreso para levantar el veto del Gobierno a la tramitación de esta Proposición de Ley. En la Mesa del Congreso, el PP tiene 3 votos, Ciudadanos 2, PSOE 2 y Podem otros 2, por lo que si estos tres últimos partidos se ponen de acuerdo, el PP se quedaría en minoría y el veto se podría levantar.
No debería haber ninguna dificultad para llegar a ese acuerdo entre Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos. De hecho, en las jornadas parlamentarias organizadas por Alianza Mar Blava y la asociación parlamentaria APDDA el pasado miércoles 21 de junio en el Congreso de los Diputados sobre esta Proposición de Ley, los representantes del Partido Socialista (Pere Joan Pons), Unidos Podemos (Josep Vendrell) y Ciudadanos (Toni Cantó), así como los de Esquerra Republicana (Xavier Eritja) y Compromís (Joan Baldoví), apoyaron de forma clara y contundente que esta PL se tramitara y se aprobara, lo que la Alianza agradece sinceramente. En el caso de Ciudadanos, su representante expresó de forma reiterada que su fuerza política “apoyaría en todo" la tramitación de esta PL.
Por otro lado, se demostraron falsas las declaraciones del representante del Partido Popular en la mesa redonda de esas jornadas, donde, en su intervención final, preguntado expresamente sobre si habría veto del Gobierno a la PL, declaró que: “Yo estoy convencido de que [la PL] puede salir adelante y que, por lo tanto, no veo ninguna consideración que la pueda echar por tierra”.
El informe de veto del Gobierno tiene dos argumentos. El primero es que el Gobierno manifiesta que, con respecto al reciente impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo o condensados (Ley 8/2015 y Orden HAP/1349/2016), la Proposición de Ley: «podría suponer un impacto presupuestario mínimo». El propio Gobierno reconoce que sería mínimo. No obstante, la estimación que realiza de cuatro millones setecientos mil euros, no identifica de qué sondeos o campañas sísmicas saldría ni en qué momento se devengarían, por lo que incluso la cantidad podría estar sobreestimada.
En cuanto al segundo y último argumento resulta contrario a la lealtad institucional por su carácter ficticio y contrario a la realidad. Argumenta el Gobierno que con la aplicación de esta PL no se podrían dar nuevas prórrogas de las concesiones (eso es obvio) y que (y esto es totalmente falso) el Gobierno estaría obligado a darlas, al menos una, y que, por tanto, se vería sujeto a posibles reclamaciones patrimoniales. Esa argumento falta a la verdad puesto que el promotor puede pedir las prórrogas pero el Estado no está obligado a darlas.
El veto del Gobierno Rajoy a la PL entra en plena contradicción con las declaraciones que el propio Presidente del Gobierno realizó el pasado 25 de mayo, en su intervención en la inauguración de las Jornadas “España, Juntos por el Clima”, que tuvieron lugar en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente cuando dijo que España estará a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y por la descarbonización de nuestra economía.
