El origen de esta querella se fundamenta en el nombramiento del director general de Participación Ciudadana y Coordinación Territorial, Joaquín de María Arrebola, a propuesta de la regidora Eva Frade, del partido Podemos. La Junta de Gobierno municipal –en la que participan tanto Podemos como PSIB y MÉS– ratificó la designación.
De María Arrebola ha alcanzado este cargo de confianza en el Ajuntament de Palma sin contar con ninguna experiencia laboral previa. Este hecho está en completa contradicción con el artículo 47.2 del Reglamento Orgánico y de Gobierno y de la Administración del propio ayuntamiento de Ciutat.
El mencionado artículo decreta que los directores generales deben ser nombrados entre funcionarios de carrera que acrediten una determinada titulación o, alternativamente, entre personas que acrediten “competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada”.
Joan Moyà, que optó al puesto y fue rechazado, denunciará al Ajuntament de Palma por haber nombrado como director general de Participación Ciudadana y Coordinación Territorial a De María Arrebola sin que este haya acreditado en ningún momento ni con ningún documento el tener alguna “experiencia profesional” ya que no ha trabajado en ningún sitio.
El nombramiento, según documentos oficiales del propio Ajuntament de Palma a los que ha tenido acceso Canal4 Diario, se fundamentan en la sintonía política del director general nombrado con el partido de la regidora que le ha dado el cargo: Podemos.
