El recurso fue presentado por 50 diputados del PSOE contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducían diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público.
En su recurso entendía que esta normativa favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10 por ciento del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43 por ciento.
A la regularización fiscal se han acogido personalidades públicas investigadas en los tribunales como varios miembros la familia Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza -ambos imputados en el caso "Púnica"-, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En su día Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo dirigido a recuperar dinero oculto fuera del país.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha solicitado comparecer a petición propia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para explicar la anulación de la amnistía fiscal, según han indicado fuentes del Partido Popular.
Por su parte, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, afirmó que la sentencia del Constitucional cuestiona el "instrumento normativo" pero "avala la regularización", por lo que "no tiene ningún tipo de consecuencia".
