El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha sido el que ha hecho pública la renuncia irrevocable de Moix. "No he podido convencerle de lo contrario", ha asegurado Maza, después de hacer un alegato en favor de la legalidad y la transparencia de la actuación de Moix con respecto a su participación en una sociedad en Panamá.
Maza ha asegurado que tras escuchar a Moix considera que no ha existido ningún tipo de irregularidad ni ilegalidad" ni tampoco ningún tipo de "incompatibilidad". Ha continuado considerando que "el hecho de tener la propiedad de un bien no obliga a comunicar una herencia a sus superiores". Así, el fiscal general ha insistido en su opinión no había ningún indicio para cesar a Moix.
Ls dimisión de Moix no es ajena a la situación política del Gobierno Rajoy, acosado por múltiples casos de corrupción en la Comunidad de Madrid. De hecho, en las últimas horas tanto Mariano Rajoy como Soraya Sáenz de Santamaria como el propio ministro de Justicia han evitado mostrarle su apoyo.
Las tres asociaciones de fiscales (Unión Progresista de Fiscales, UPF; la Asociación de Fiscales, AF; y la Asociación Profesional e Independientes de Fiscales, APIF) solicitaban este martes el cese del fiscal jefe. "Al frente de quien debe combatir cualquier tipo de corrupción no puede estar un fiscal permanentemente cuestionado, siempre en el ojo del huracán y cuya conducta personal dista mucho de ser ejemplarizante", denunciaba la UPF.
La mayoría de los partidos de la oposición han exigido a Manuel Moix que dé “explicaciones urgentes y convincentes” sobre la empresa offshore. "Es vergonzoso; es quien está llamado a perseguir la corrupción y lo que hace es dificultarla [su persecución]", afirmaba Pablo Iglesias a su entrada en el Congreso de los Diputados.
No obstante, Manuel Moix, José Manuel Maza y Rafael Catalá, ministro de Justicia, han sido recientemente reprobados por una mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados. La moción atribuye a los dos representantes del Ministerio Fiscal actuaciones tendentes a favorecer y proteger a personas del Partido Popular investigadas en causas judiciales.
Durante su mandato al frente de la Fiscalía Anticorrucpión, Moix ordenó por escrito a los fiscales del caso Lezo que no ejecutaran el registro del domicilio de Ignacio González, principal cabecilla de este entramado societario que expolió las arcas de la empresa pública Canal Isabel II. Asimismo, impuso a los fiscales del caso la retirada del delito de organización criminal contra el expresidente de la Comunidad de Madrid a la hora de solicitar sus peticiones de prisión.
El exfiscal jefe intentó apartar de la operación Lezo a los fiscales que han llevado la investigación desde hace casi 19 meses, Carlos Yáñez y Carmen García. Ante dicha información, el propio Moix lo negó, pero días después, la Ser se hizo eco de un documento inédito que probaba que el fiscal jefe mentía.
En este tiempo se ha sabido además que antes de ocupar este puesto, Moix evitó hasta en tres ocasiones que se investigase el caso González. En los años 2007, 2009 y 2010, el entonces fiscal superior de Madrid archivó las denuncias presentadas en relación a la trama de corrupción en el campo de golf del Canal Isabel II sin realizar ninguna diligencia.
