El magistrado ha desestimado dos demandas contra la eliminación de este complemento para los funcionarios que hubieran ocupado altos cargos en la administración pública, ya que considera que la actuación del Govern del 'Pacte' se ajusta a derecho.
Los catorce recurrentes -entre ellos la diputada autonómica del PP Antonia Perelló- dejaron de percibir la retribución a partir de la nómina de enero de 2016. En dos procedimientos separados pedían declarar nula la supresión y restituir el pago del complemento.
Por su parte el Govern, representado por la abogada de la Comunidad Autónoma, Lourdes Aguiló, defendía que los actos impugnados se ajustaban al ordenamiento jurídico, como finalmente ha considerado el juez.
El magistrado apunta en la sentencia que la actuación de la Administración autonómica al no incluir el citado complemento en las nóminas de enero de 2016 y meses sucesivos "respondía a la aplicación de normas con rango de Ley en vigor en aquel momento" y por tanto "se adecuaba a tales previsiones legales".
Sin embargo, "se trataba de actos debidos, pues corresponde a la Administración la ejecución del presupuesto anual".
Asimismo, señala que "no se ha vulnerado derecho adquirido alguno ni se ha infringido el principio de confianza legítima, puesto que esa retribución -de configuración legal- puede verse alterada en su contenido por parte del legislador, como así ha sido". También descarta que pueda considerarse un derecho adquirido.
Estas dos sentencias no son firmes y cabe un recurso de apelación ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).