En un informe encargado por la propiedad, señala que el Ayuntamiento de Calvià mezcla cuestiones urbanísticas con las propias de la licencia de actividad, por lo que no hay encaje jurídico para decretar el cierre del local de Magaluf. “Error de bulto”, “claramente equivocada”, “errónea”, son algunas de las palabras que aparecen en el informe. A juicio de Blasco, no se puede actuar por una supuesta infracción urbanística prescrita en 1993, según publica Mallorcadiario.com.
Blasco recuerda la cronología de los hechos que han motivado el cierre de la discoteca. Lo ha hecho en un informe de 21 páginas fechado en octubre de 2016 y que forma parte de la documentación aportada por el Grupo Cursach en el contencioso contra el Ayuntamiento de Calvià. Se espera que esta semana la justicia resuelva el contencioso. Fue a finales de julio de 1987 cuando se otorgó la licencia de obra para la construcción de la discoteca BCM. En septiembre del mismo años se solicitó la licencia de actividades.
El primer problema urbanístico surgió a raíz de la denuncia de un empresario de una pizzeria cercana a la discoteca. Los aparatos de aire acondicionado del local eran visibles a la vista y no se hallaban sobre la estructura del edificio. La propiedad actuó cubriendo dichos aparatos y ubicándolos en la parte superior del edificio. La licencia de obra para ello fue denegada si bien se consideró que era una actuación para la que tampoco era necesaria. Se discutió sobre la altura de los aparatos y si superaba la máxima permitida. Sea como fuere, solo dos meses después, en diciembre de 1989, BCM consiguió la licencia definitiva de apertura.
El catedrático apunta en las conclusiones del informe que “el argumento jurídico central de la revisión de oficio iniciada por el Ayuntamiento (haberse incumplido la condición de trasladar los aparatos de aire acondicionado […]) está claramente equivocada y es errónea, ya que las torres de aire acondicionado sí que habían sido trasladadas a otro lugar distinto (la cubierta del edificio) desde su emplazamiento original (la parte trasera exterior, a nivel de calle) en noviembre diciembre de 1988”. Es por ello que considera que tal cuestión “impide proceder a la anulación de de la licencia de apertura de la discoteca en base a ese argumento”.
Blasco apunta a que “la eventual situación de ilegalidad de las torres de aire en la cubierta de la discoteca por carecer de licencia de obras constituía un problema de índole urbanística, pero no afectaba a la legalidad de licencia de apertura según el artículo 22,3 del RSCL (Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales)” . Concluye de forma tajante que “la falta de licencia constituye como mucho una ilegalidad urbanística menor, que en ningún caso constituye una causa de nulidad de pleno derecho”.
El informe expone que “en consecuencia, si lo que hubo fue sólo un incumplimiento de la normativa urbanística por entonces vigente, la Administración disponía del plazo de cuatro años para reaccionar contra la obra sin licencia, a tenor del artículo 186 de la Ley del Suelo. Ese plazo acabó en 1993”. Así pues, se desprende del informe que el ayuntamiento de Calvià toma como base para el cierre de BCM una supuesta irregularidad urbanística menor prescrita hace 24 años.
Incide en que “el eventual incumplimiento de la condición de trasladar las torres de aire acondicionado cuando se otrogó la licencia de apertura en 1989 no supone en ningún caso el incumplimiento de una condición o requisito esencial del acto que se trataba (la licencia de apertura de la discoteca)”.
En resumen, siempre según el informe de Blasco, el ayuntamiento de Calvià apela a un precepto legal “claramente inaplicable”. Lo argumenta con jurisprudencia del Tribunal Suprema y el Consejo de Estado, diversas comparativas de leyes y su marco de aplicación, y un extenso relato de los hechos y de cómo el Ayuntamiento dirigido por Alfonso Rodríguez justifica el Decreto de Alcaldía en lo que es un “error de bulto”.
Al respecto, mallorcadiario.com ha hablado con Andreu Serra, portavoz y priomer teniente de Alcalde de Calvià. Serra respeta el informe ya que “ellos están en su derecho de defenderse, si bien quiero asegurar que el Ayuntamiento ha actuado de una manera ajustada a derecho. Hemos actuado, les hemos informado y les seguiremos informando. Insiste en que al ayuntamiento le “gustaría que el cierre de BCM se resolviera de una manera sencilla, es más fácil subsanar las deficiencias que pleitear”. Concluye que “en cuanto se resuelvan las deficiencias todo será mucho más fácil. Entonces se puede poner en marcha un proceso administrativo y en un breve plazo de tiempo proceder a la reapertura de BCM”.
