Así lo ha comunicado este viernes en rueda de prensa el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, quien ha asegurado que a partir de la semana que viene se llevará a cabo una inspección "permanente" en el Aeropuerto de Palma para "actuar de manera clara".
Sobre ello, ha señalado que la previsión es que haya un equipo de tres inspectores y cuatros auxiliares, centrados básicamente a en el Aeropuerto de Palma para realizar dichas tareas de vigilancia.
Otra de las principales novedades que incluye el decreto ley es que se prohíbe que las empresas de transporte discrecional (tipo transfer) capten a sus clientes en la calle o en puntos de gran afluencia como el aeropuerto. "Sus contrataciones tienen que ser previas", ha manifestado el conseller.
Desde el Govern han asegurado que la actividad de captación ilícita de clientes por parte de transportistas no autorizados "está generando una parte importante del intrusismo en el sector del transporte, sobre todo por la competencia que hace al sector del taxi, y es especialmente grave en la isla de Mallorca".
Además, contempla mejoras en la regulación de las actividades de intermediación de las empresas de transporte discrecional, "con el objetivo de aclarar y dar más seguridad jurídica al sector". Así, ha señalado Pons, se da cobertura jurídica a los contratos que pueden realizar las empresas de transporte entre ellas para cubrir puntas de demanda no planificadas que suelen producirse en temporada alta.
Igualmente, se clarifica la regulación de los vehículos de alquiler con conductor para evitar el fraude en los desplazamientos de estos vehículos desde otras comunidades autónomas. Se trata de una medida de control del fraude especialmente de aquellos vehículos de turismo con conductor que trabajan en Baleares durante la temporada alta.
"Estos vehículos no pueden operar fuera de su comunidad más de un 20 por ciento del tiempo, cosa que tienen que cumplir, y tendrán que demostrar su entrada y su salida en una fecha concreta", ha detallado Pons.
El objetivo de todo ello es reforzar al sector y articular los instrumentos normativos necesarios para hacer más efectiva la lucha contra el intrusismo en este ámbito
En este sentido, Pons ha explicado que se trata de "resolver una vacío legal", "consciente de algunas situaciones era necesario llevar a cabo un decreto ley por algo que preocupaba al sector".
Finalmente, el decreto corrige la situación que suponía, para las edificaciones construidas legalmente dentro del ámbito ferroviario, el hecho de que no se pudiera hacer ningún tipo de obra de mantenimiento y conservación.
A todo ello, el conseller ha negado que esta normativa sea "fruto de la improvisación" y ha asegurado que el Ejecutivo balear venía trabajando en el decreto desde hace tiempo.
