Según expone el Colegio de Abogados de Baleares en un comunicado, "lo cierto es que, a pesar de la oposición que dicho plan ha generado no solo en la abogacía, sino también entre algunas de las principales asociaciones judiciales y otros colectivos jurídicos, el CGPJ aprobó este jueves la medida.
En el caso de Baleares se prevé la asignación de este tipo de causas a tan solo cuatro juzgados ya existentes: el juzgado de Primera Instancia 10 de Palma; el juzgado de Primera Instancia 2 de Ibiza; y los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mahón y número 1 de Ciutadella.
Los partidos judiciales de Inca y de Manacor no tendrán, por tanto, ningún juzgado para dichos asuntos, por lo que los usuarios de las comarcas del Raiguer y de Llevant -y los profesionales que los defiendan- se verán obligados a desplazarse para defender sus derechos y legítimos intereses.
En el Pleno celebrado en fecha 19 de mayo, la Abogacía ya mostró su rechazo al plan ahora consumado por el poder judicial, por considerar que "produce un sobrecoste añadido sobre los ciudadanos debido a los necesarios desplazamientos motivados por el procedimiento judicial".
Además, se asegura desde el colectivo, la concreción del Plan generará "una clara desigualdad entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, ya que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos -añadidos a los costes de tiempo por desplazamientos- para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia donde se diluciden los asuntos sobre cláusulas suelo en hipotecas".
Asimismo, también les preocupa a los profesionales de la abogacía balear la "elevada probabilidad de que se produzca un colapso de dimensiones aún desconocidas en los juzgados designados", dado que, además de que la cantidad de tribunales asignados para estas causas es "del todo insuficiente", debe de tenerse en cuenta que éstos tendrán la competencia exclusiva sobre los litigios de cláusulas hipotecarias, pero no excluyente, por lo que deberán seguir conociendo de otros asuntos.
"Más aún si se tiene en cuenta que son miles los ciudadanos que han podido verse afectados por la existencia de claúsulas abusivas en sus contratos de préstamo hipotecario", han añadido al respecto.
En definitiva, el decano del Colegio de Abogados de Baleares, Martín Aleñar, ha considerado que se trata de un plan que supone "un nuevo obstáculo en el acceso del ciudadano a la Justicia y que se aleja del objetivo común de agilizar un servicio público que es la esencia del Estado de Derecho".
