Los acusados se dedicaban al tráfico de cocaína, marihuana y MDMA. Se desplazaban a Valencia para abastecerse y vendían la sustancia en Inca, en su domicilio o en un bar que regentaban.
Durante los registros, que tuvieron lugar en Inca, Son Serra de Marina y Lloseta, la policía se incautó de droga por valor de 230.000 euros, además de grandes cantidades de dinero en efectivo, teléfonos móviles y ordenadores, entre otros efectos.
En el primer registro, en el que la policía encontró la mayor parte de las sustancias estupefacientes, una acusada intentó convencer a los agentes de que dejaran de registrar el domicilio entregándoles un paquete de droga que tenía escondido en la cocina.
Asimismo, el escrito de acusación del fiscal apunta a que dos de las acusadas, parejas de los traficantes, blanqueaban el dinero de la droga solicitando préstamos bancarios que abonaban con las ganancias. El grupo también utilizó para ello una sociedad mercantil que en realidad carecía de actividad.
La investigación cifró en 800.000 euros el aumento patrimonial injustificado de dos de los acusados entre 2008 y 2011.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita penas de entre tres años y seis meses a prisión hasta siete años y nueve meses de prisión. También exige multas alrededor de los 656.000 euros, excepto para las acusadas por blanqueo de capitales, a quienes reclama 400.000 y 800.000 euros.
