Así lo ha manifestado durante la sesión de este juicio que tiene lugar en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares desde este miércoles para esclarecer la presunta estafa en la compra de estos hoteles por parte de los hijos varones de José María Ruiz-Mateos que tendrían que haber pagado 11,7 millones de euros y por lo que le pide una pena de siete años de cárcel cada uno.
Al juicio, que ha empezado con cerca de media hora de retraso, dos de los hermanos encausados -Javier y Álvaro Ruiz-Mateos- han venido en furgón policial al estar en prisión por otra causa.
Durante su intervención, el fiscal ha retirado el delito de falsedad documental y, entre los 14 documentos que ha presentado, algunos de ellos nuevos, se encuentra "una especie de memorándum" en el que parece que "se contienen las coordenadas frente a la línea de defensa de las querellas" donde se lee una conversación de los hermanos en las que se lee: "Papá decidía y accedíamos porque él nos lo pedía". Esto va, considera Carrau, dirigido a que él asumiera "toda la responsabilidad".
Por su parte, la defensa de los Ruiz-Mateos ha negado este miércoles la responsabilidad de estos en la presunta estafa en la compra de los hoteles Beverly Playa y Beverly Park en Mallorca y Gran Canaria, respectivamente y confía en una "sentencia absolutoria".
Así, el abogado defensor de los directivos de nueva Rumasa, Juan Manuel Gallardo, ha pedido "la nulidad de la declaración" como testigo de Joaquín Yvancos, ya que, según ha explicado, "en el momento de los hechos era el abogado del padre y de los hijos".
Según argumenta el letrado, con su declaración como testigo y con la presentación de distintos documentos considera que ha violado "el secreto profesional". Así, dice que "escandaliza que el que era el abogado en el núcleo de los hechos haya declarado como testigo" cuando, tal como ha manifestado, "era quien más dominaba y controlaba" y ha sido "quien ha podido aportar más de 6.000 folios de documentación".
"No pido la nulidad del procedimiento", ha expresado, "porque confío en la capacidad del tribunal para abstraerse por completo del fruto ilícito del árbol envenenado del señor Yvancos que ha cultivado la acusación particular" pero sí pide, en cambio, la nulidad de lo declarado por Yvancos.
Respecto a las defensas de las siete entidades consideradas responsables civiles, el abogado defensor de Carcesa ha destacado que "no es imputable la responsabilidad civil" a su defendida y la defensa de Promontoia Holding 36 ha argumentado que se desconocía "todo lo relativo" a las operaciones investigadas y que actuó como "adquiriente de buena fe".
Por su parte, el abogado de Cala Pins también ha dicho que la entidad que defiende debería "abandonar" el proceso y "darse por liquidadas" las cuestiones referidas a ella.
El defensor de Euromontajes ha argumentado que su empresa es "una perjudicada más". "He presentado un conjunto de facturas que demuestran que mi representado ejecutó la obra y a día de hoy todavía le deben crédito", ha dicho para después añadir: "Paradójicamente estamos aquí defendiéndonos como responsable civil cuando somos perjudicados".
En concreto, están acusados, de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible y falsedad en documento mercantil, Zoilo, José María, Javier, Alfonso, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos, además de Jose María Ruiz-Mateo, su padre, empresario fundador de Rumasa y Nueva Rumasa, fallecido en septiembre de 2015.
El Ministerio Fiscal sostiene que para obtener la titularidad de los hoteles, presentaron garantías y avales falsos y una vez se habían entregado los hoteles no pagaron el precio acordado de la adquisición, de 11,7 millones de euros con un aplazamiento de más del 80% del precio (9,4 millones).
Según el escrito de acusación, los hermanos Ruiz-Mateos "jamás tuvieron intención de pagar el precio" y tras obtener las participaciones inmediatamente hipotecaron los inmuebles, de forma que era inviable la recuperación de los mismos. Los fondos de las hipotecas no fueron destinados ni al pago del precio, ni a la actividad de los hoteles sino que se desviaron a beneficio particular.
Los seis hermanos Ruiz-Mateos, dos de ellos en prisión por otros casos, declararán este jueves en la Audiencia Provincial de Palma por la presunta estafa relacionada con la compra de los hoteles Beverly Playa en Paguera (Mallorca) y Beverly Park en Maspalomas (Gran Canaria). El fiscal les acusa de no haber pagado el precio acordado de la adquisición, 11,7 millones de euros, y pide siete años de cárcel para cada uno.
En la sesión de este miércoles, la primera, se han planteado las cuestiones previas planteadas por las partes, pero no se han acabado de resolver. Esto, ha señalado el presidente del tribunal, el magistrado Jaime Tártalo, se llevará a cabo este jueves a partir de las 09.45 horas.
A pesar de esto, el tribunal ya ha determinado no aceptar las peticiones del abogado defensor de los hermanos Ruiz-Mateos, Juan Manuel Gallardo, relacionadas con la anulación de la declaración y la documental presentada por Joaquín Yvancos o la nulidad de la acusación por el delito de insolvencia punible, entre otras cuestiones.
