Así lo ha explicado este jueves la directora general de Turismo, Pilar Carbonell, quien ha asegurado, durante una comparecencia parlamentaria solicitada por Podemos, que se atienden "todas y cada una de las reclamaciones que llegan" aunque ha defendido que hay "dificultades" a la hora de rastrear y demostrar la actividad ilícita.
Desglosado por años, en 2012, 77 de las 873 recibidas estaban relacionadas con el alquiler vacacional; en 2013, 127 de las 1.718 recibidas; en 2014, 225 de las 779; en 2015, 316 de las 850 registradas; y en 2016, 379 de las 2.848. En este sentido, Carbonell ha indicado que el aumento en 2012 responde al 'caso Orizonia', mientras que en 2016 se debió a la quiebra del touroperador Low Cost Travel.
En cuanto a los expedientes abiertos, 49 corresponden a 2012, 41 a 2013, 50 a 2014, 52 a 2015 y 121 a 2016, con un incremento del 132 por ciento entre los últimos dos años. La directora general de Turismo ha recordad que ellos solo tienen constancia de aquellas reclamaciones realizadas en Mallorca, puesto que los Consells Insulares del resto de islas son los que se encargan de esta materia.
El diputado de Podemos Salvador Aguilera ha criticado que pese a que la actual ley impide la comercialización de viviendas plurifamiliares, "la realidad de hoy es que están fuera de cualquier control". "Se tendría que actuar para que ninguna vivienda plurifamiliar pudiera ser comercializada", ha añadido.
"Nos ha explotado ahora pero el alquiler vacacional es algo que viene de antes", ha reconocido la directora general de Turismo.
Respecto al personal disponible para tramitar estas denuncias, Carbonell ha explicado que se cuenta con 15 inspectores, un jefe de departamento, un jefe de sección y dos administrativos. "Es con lo que contamos, querríamos tener más pero con la 'Ley Montoro' no es posible", ha dicho. Igualmente, ha asegurado, se está diseñando una herramienta que permita reducir la tarea "de papeles" para dar más horas a la inspección.
Igualmente, ha insistido en la necesidad de sacar adelante la nueva ley de alquiler turístico ya que, ha declarado, "nos facilitaría mucho las tareas" al aportar propuestas como el aumento de las sanciones hasta los 40.000 euros, la obligación de especificar el número de licencia o la inversión de la carga de la prueba, de modo que los propietarios tendrán que demostrar que no están alquilando de manera ilegal su vivienda.
Precisamente, sobre este último punto, se ha mostrado muy crítico el diputado de El PI Josep Melià, quien lo ha calificado de "inconstitucional" y de "escándalo mayúsculo". "Es como si hay un robo y yo tengo que demostrar que no lo he robado", ha manifestado. Además, ha asegurado que se trata de una ley que "solo favorece a hoteleros y grandes empresarios".
Desde el PP, el diputado Álvaro Gijón ha insistido en que se tenga en cuenta el estudio realizado por dos catedráticos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) sobre los "mitos" del alquiler vacacional y ha lamentado que a día de hoy el Govern "sea incapaz de decir el número de viviendas que se están alquilando".
"Creemos que hay una absoluta confusión en el modelo turístico, depende de los días y de quien hable para cambiar el criterio. Viendo y leyendo la nueva ley uno no sabe qué es lo que pretende el Govern", ha añadido.
Por su parte, el diputado del PSIB Damià Borràs ha criticado al PP que haya aprovechado la comparecencia para "hacer un juicio al proyecto de ley de alquiler turístico" y ha considerado que le gustaría que tuviesen "mayor capacidad de inspección".
