El informe argumenta que otras regiones como Canarias, Ceuta o Melilla ya poseen regimenes de IVA diferenciados para compensar su condición de insularidad o ultrapericialidad.
El estudio analiza esta y otras propuestas que debería incluir la reforma del REB de 1998 y se ha elaborado a partir de la demanda del grupo de trabajo -integrado por instituciones, fuerzas políticas y agentes sociales, económicos y cívicos- implicado en su redacción.
Así pues, recoge las aportaciones para conseguir "mecanismos reales" de compensación de los "desajustes económicos" provocados por la insularidad", cifrados en 2014 en 8.000 millones de euros por la entidad encargada de realizar el estudio, la Universitat de les Illes Balears (UIB).
El documento, dirigido por el doctor José Luis Groizard, evalúa los programas más importantes ya propuestos en el REB original de 1998, algunos de los cuales no han sido puestos en marcha, o lo han hecho con deficiencias.
También analiza otras medidas que no fueron contempladas en la ley de 1998, y finalmente también tiene en cuenta el déficit inversor del Estado en Baleares durante el periodo comprendido entre 2000 y 2015, según la Conselleria de Hacienda.
En este sentido, la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ha señalado que el valor de trabajo es el de "evaluar la aplicabilidad" de las medidas propuestas, "tanto por el alcance de la compensación, del régimen fiscal, y de la implementación del Fondo de Insularidad".
También, el de "ver qué encaje tienen estas demandas en el entorno de otras realidades insulares, como las Islas Canarias, Córcega, Cerdeña o algunas islas griegas".
La primera parte del informe se dedica al análisis de la realidad sobre la política en puertos y aeropuertos, sobre el transporte de personas, mercancías, residuos e hidrocarburos por vía marítima y de personas por vía aérea, así como también de los agravios en referencia al acceso de los ciudadanos de las Islas a la Sanidad y la Educación en condiciones de igualdad con respecto a los ciudadanos de la península.
En un segundo bloque, el trabajo evalúa propuestas de medidas de cariz fiscal que se tendrían que aplicar en Baleares, como la implantación del mencionado IVA especial para las Islas o el fomento de la inversión y la exportación para empresas radicadas a las islas.
También hay un apartado dedicado a la pertinencia de la creación de un Fondo de Insularidad, que el informe propone que esté dotado inicialmente por la Administración del Estado a partir del déficit inversor de los últimos 10 años, en referencia a la media de las inversiones territorializadas destinadas a las comunidades autónomas.
Finalmente, el informe también propone la adopción otras medidas complementarias, como el Observatorio de la Insularidad, y plantea que se disponga de herramientas estadísticas conjuntas con el Estado sobre el seguimiento de precios y costes.
También, facilitar el acceso al control de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como forma de mejora del funcionamiento de los mercados.
